La política diseñada por Jordi Pujol y su coalición electoral Convergencia i Unió en los años ochenta con respecto a qué tipo de inmigración debía entrar en Cataluña, está a punto de saltar por los aires.

La obsesión nacionalista por frenar «como fuera» la inmigración de tipo hispano, que tiene la misma cultura, lengua y religión, pero al hablar en castellano, y sin la necesidad imperiosa de aprender el catalán a corto plazo, «podía dificultar la expansión del catalán», según los ideólogos del nacionalismo catalán, hizo que los sucesivos gobiernos de CiU, con Jordi Pujol a la cabeza, frenarán con ahínco la inmigración hispana frente a la magrebí.

Se invirtió mucho dinero en abrir «embajadas» y delegaciones en países del Magreb, invitando a estos países a que enviarán a sus trabajadores a Cataluña. La relación es tan estrecha que la Generalitat de Cataluña tiene en Marruecos una delegación permanente comandada, hasta ahora, por Ángel Colom, fundador del Partit per la Independencia, que tenía entre sus objetivos el favorecer el flujo de inmigrantes de esta zona africana al Principado.

Treinta años después los resultados son patentes. En estos momentos hay un total de 1 .241.522 personas extranjeras empadronadas en Cataluña (según datos oficiales a julio de 2010), el 16,4% del conjunto de la población, que se mantiene ligeramente por encima de los siete millones y medio de habitantes.

Las personas con nacionalidad marroquí continúan al frente de la lista de extranjeros empadronados (19,6% del total), seguidas por las personas de nacionalidad rumana (8%), ecuatoriana (6,3), boliviana (4,7) y italiana (4,1).

En estos momentos hay contabilizadas oficialmente cerca de mil mezquitas o lugares de culto del Islam en toda España. Cataluña lidera el ránking por comunidades con mayor número de mezquitas (214), seguido a distancia por Andalucía (138) y Madrid (98).

Marta Ferrusola, esposa del ex presidente de la Generalitat catalana, Jordi Pujol, lleva años predicando contra el peligro de la inmigración magrebí: «Ahora viene todo un alud de inmigración pero con un pequeño hándicap. La gente que vino hace 50 años era una gente con el mismo tipo de cultura y con el mismo tipo de religión, en cambio la que viene ahora no. Son personas con una cultura muy diferente y sobre todo con una religión muy diferente, con unas imposiciones muy diferentes. Ellos quieren que aquí que se les tenga en cuenta en primer lugar su religión, que comporta una forma de comer diferente (...). Es una inmigración muy difícil».

«Nosotros como personas debemos estar abiertos. Pero, claro, esto de las imposiciones es una cosa muy fuerte porque dentro de 10 años quizás las iglesias románicas no servirán, servirán unas mezquitas».


El alcalde de Salt (Gerona) y presidente de la Diputación de Gerona, Jaume Torramadé, de Unió Democrática de Catalunya (UDC), asegura que mientras gobierne "no habrá llamamientos a la oración", algo que se hace en el mundo musulmán para instar a los fieles a secundar esta tradición.

Torramadé considera que Cataluña "es muy acogedora, pero a veces se pasa de acogedora".

"¿Es que nos queremos convertir en el centro de iglesias y de diferentes confesiones del área urbana de Girona? ¿A qué tenemos que esperar, a qué tengamos 10 proyectos de centros de culto encima de la mesa", ha asegurado el político demócrata cristiano.

"Prefiero parar máquinas y reflexionar sobre este tema. Eso es todo lo que quiero", ha asegurado Torramadé, quien ha recordado que en Salt hay siete centros de culto de religiones minoritarias, a los que hay de sumar otros tres de la tradición católica. A ellos, se sumarían el nuevo oratorio islámico y la nueva iglesia pentecostal que están en proyecto y que se han paralizado.

Lérida ha sido la pionera en Cataluña de tomar decisiones drásticas para frenar el número de mezquitas. El alcalde de Lérida, el socialista Ángel Ros, decidió el pasado 21 de julio cerrar cautelarmente una de las dos mezquitas de la ciudad, la de la calle del Nord, tras comprobar que excedía el aforo de forma continuada. En concreto, este centro tiene capacidad máxima para 240 personas, pese a que, según el Alcalde, había llegado a congregar a 1.200 fieles.

El alcalde de Lérida señaló que «no es obligación del ayuntamiento proveer templos de culto», y que rezar se puede hacer en casa, tal y como hace él.

«Escuche yo rezo en casa, cuando quiero. No es obligación del ayuntamiento proveer templos de culto», ha dicho el alcalde, para quien es «evidente» que si quieren rezar en colectividad en una mezquita tienen que cumplir las condiciones y la normativa legal.

Ros explicó que el Consistorio «Por razones obvias de seguridad se ha procedido a su cierre cautelar. La comunidad islámica tiene un plazo de quince días para hacer alegaciones y llegar a compromisos de respeto de este aforo. En caso de que subsanen estos temas podrán volver a abrir», señaló Ros. 

El pasado 9 de agosto, el ayuntamiento de la capital catalana reabría el local después de firmar un compromiso con la comunidad musulmana de controlar estrictamente el aforo del templo, fijado en un máximo de 240 personas.

"Se contarán las filas de gente y cuando se llegue al máximo no se dejará entrar a nadie más", dice el Imán de Lleida, Abdelwahab Houzi. Una vigilancia que estará supervisada por la guardia urbana.

En las próximas semanas, el Gobierno de la Generalitat tiene previsto aprobar un proyecto de ley con la finalidad de eliminar la obligación de los ayuntamientos catalanes de reservar espacios destinados a los centros de culto.

La idea inicial de su impulsor, el tripartito, era acabar con la disparidad de criterios de los municipios a la hora de conceder licencias. Esta mayor flexibilidad fue la que convenció a CiU para votar a favor. Sin embargo, ahora el Gobierno de Artur Mas pretende que los propios ayuntamientos tengan la potestad absoluta para decidir si reservan suelo municipal para la instalación de centros de culto o no. Este nuevo proyecto de ley ha sido rechazado por los colectivos islámicos, teniendo en cuenta que les será más complicado obtener permisos para construir mezquitas, informa Intereconomía.