La secretaria de Organización del PSOE ourensano, María Quintas, ha expresado este lunes su "condena" a la decisión del Obispado de suspender del ejercicio de sus funciones pastorales a un sacerdote que concurrió como número dos del PSOE en A Gudiña y ha atribuido este modo de proceder a "una represalia política".
A través de un comunicado, la dirigente socialista ha considerado "lamentable" que el Obispado ourensano haya decidido "cercenar la labor encomiable a nivel pastoral, social y humano" que Antonio Fernández Blanco llevaba a cabo en las cuatro parroquias que tenía encomendadas. "Está impidiendo que los fieles de Piñor sean atendidos por una persona querida y entregada a su trabajo, una persona ejemplar", ha reprobado.
Según informa Europa Press, ha censurado que el Obispado "impida a un ciudadano español representar a sus vecinos en una institución pública" debido "a su ocupación o creencia", en contra de lo que establece Constitución.
En su artículo 14, la Carta Magna establece que "todos los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social". Además, el 23.1 señala que "los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal".
"Los socialistas condenamos este tipo de represalias hacia los ciudadanos españoles, sea cual sea su ocupación o creencia, impidiendo que sean representantes de los ciudadanos sin un motivo justificado", ha sentenciado.
Según explica un comunicado emitido por el Obispado, el la suspensión conlleva la prohibición de ejercer en las cuatro parroquias que tenía adjudicadas o en cualquier otra, la prohibición de "interferir de cualquier modo" en quien sea nombrado su sucesor y la suspensión de los correspondientes deberes y derechos que comporta el ejercicio del ministerio pastoral.
En todo caso, la suspensión se mantendrá hasta que el sacerdote "acredite fehacientemente" -algo que queda "a juicio del obispo"- haber renunciado "a cualquier cargo, compromiso o actividad política" y estar "en actitud de actuar en comunión con la Iglesia católica".
El Obispado de Ourense ha precisado que "antes de tomar esta penosa determinación" se "agotaron todos los cauces de diálogo" una vez conocida la opción del sacerdote, a quien se advirtió "con respeto y con toda claridad de las consecuencias canónicas que podrían derivarse de tal decisión".