Urgido por la situación de quiebra del país, el gobierno de la nación ha introducido reformas económicas de un calado sin precedentes hasta ahora. En justicia y sanidad ha presentado igualmente medidas imprescindibles motivadas no sólo por la crisis, sino por la situación límite en que vive la justicia española y la gestión sanitaria. Lamentablemente el gobierno no se atreve a modificar aún la estructura del Estado, pero estoy convencido de que o bien por la incapacidad de mantenerlo o bien por exigencias europeas, la “clase política” se verá obligada a modificar el entramado institucional que se pergeñó en

            Hasta ahora el ministro de educación no había avanzado las grandes líneas de la imprescindible reforma educativa que se implantará en esta legislatura. Lo único que sabíamos era lo que hemos leído en el programa electoral del PP, medidas interesantes que dibujan un panorama educativo alentador, pero aún excesivamente inconcreto. Sin embargo, el Ministerio ya ha hecho público un documento suficientemente preciso para hacerse una idea del calado de la reforma en ciernes. El documento se llama Propuestas para el Anteproyecto de Ley Orgánica para de

            Sin duda habrá tiempo para analizar las diferentes propuestas del Ministerio, de la oposición, de los sindicatos y de las confederaciones de padres; igualmente es prematuro hacer un juicio sobre los planes del gobierno. Sin embrago, merece la pena que quienes estamos interesados por la educación, o somos profesionales de ella, conozcamos cuanto antes este documento y podamos tener un juicio al menos provisional del mismo. En este artículo me permito apuntar algunas consideraciones que me parecen dignas de atención.

            Quizá la primera sea que el Ministerio reconoce la necesidad de una nueva Ley Orgánica. Hasta ahora ni el programa electoral del PP ni el ministro Wert habían reconocido lo que algunos habíamos indicado: una reforma en profundidad exige obligatoriamente un marco legislativo completamente distinto. Sabemos lo que ha dado de sí y , leyes socialistas, que han provocado el estado educativo que nos encontramos. Por tanto, esta primera concreción, fundamental, es el expreso reconocimiento del gobierno de que en educación no necesitamos parches, sino una reforma profunda y sin complejos.

            La segunda consideración que se impone es que el gobierno desea eliminar el llamado principio de comprensividad, tan querido por la izquierda. Este principio establece que todos los alumnos deben estudiar lo mismo hasta el final de , es decir, hasta los dieciséis años. Las pedagogías progresistas han justificado este principio por razones de igualdad social. Los hechos nos han enseñado que hay igualdad en nuestras clases, sí, pero es la igualdad del aburrimiento, de la mediocridad y no pocas veces  de la falta de respeto al profesor. El documento ministerial indica que la elección de los itinerarios se adelantará –en 3º ESO- e incluso excepcionalmente en 2º ESO el alumno podrá participar en programas de cualificación profesional. Sin duda, preveo que una de las críticas más feroces de la izquierda vendrá por la eliminación de la comprensividad socialista. Preparémonos para escuchar los típicos adjetivos de “segregadores”, “discriminadores”, “retrógrados” y otros insultos que algunos padecemos desde hace tiempo.

            El tercer rasgo interesante es que por fin parece que el sistema educativo se pone al servicio del alumno. En el documento leemos hasta ahora frases inauditas: “todos los estudiantes poseen talento, pero la naturaleza de este talento difiere entre ellos: el sistema educativo debe reconocerlos y potenciarlos, ofrecerles la trayectoria más adecuadas a sus fortalezas, de forma que puedan hacer realidad sus aspiraciones e ingresar con éxito en el mercado de trabajo”.  Así pues, se reconoce que las diferencias individuales no sólo deben ser eliminadas en aras a una uniformización –principio de comprensividad-, sino que deben ser respetadas, conocidas y atendidas por el sistema. Probablemente esta sea la idea más interesante del documento del Ministerio, pues en la práctica lleva a organizar la escuela de un modo muy distinto.

            El cuarto rasgo de interés es la diferente consideración de lo que se entiende por calidad educativa. Con el socialismo se ha creído en la fantasía de que la calidad educativa se obtenía con un gasto cada vez mayor. Los hechos han demostrado la falsedad de esa idea tan querida por los sindicatos de profesores. La perspectiva es otra, mucho más cercana a los datos contrastados por muchos estudios internacionales: la calidad se mide por los resultados de los estudiantes -“la calidad educativa debe medirse  en función del «output» (resultados de los estudiantes), no del «input» (inversión, nº profesores/unidades-. Esta diferente interpretación de la calidad educativa, de la que me he ocupado en diferentes artículos, es igualmente fundamental para el cambio de mentalidad.

Por último, una idea central que atraviesa todo el documento es la necesidad de sucesivas evaluaciones externas. Las evaluaciones externas introducen un factor decisivo no sólo de control sobre el trabajo en el aula, sino de corrección interna o reorientación del trabajo docente que hoy no existe. Son sin duda imprescindibles y, entre otras consecuencias saludables, hará desaparecer la mal llamada selectividad.   

Por lo demás hay constantes que sin duda permanecerán en documentos posteriores más elaborados. Por ejemplo, el deseo de orientar a los alumnos a FP, premiar el esfuerzo de los mejores, atender a quienes tienen problemas de aprendizaje, aumentar la autonomía de los centros, etc. Es verdad que el documento no aborda cuestiones de detalle, pero las apunta. Por ejemplo, cuando reconoce la necesidad de más horas de matemáticas, lengua y ciencias. Es verdad que hay apartados muy mejorables  -la dirección de los centros-. Muchas lagunas que habrá que ir llenando. No obstante, estamos ante un panorama alentador. Por primera vez desde hace muchos años.