José Luis Rodríguez Zapatero concluyó solemnemente su intervención en la Conferencia Internacional de Copenhague, sobre el controvertido y oscuro tema promovido por la ONU de la responsabilidad del hombre en el cambio climático, diciendo que "la Tierra no pertenece a nadie, salvo al viento" (se puede ver en Youtube). Para muchos esto solo fue otra solemne majadería de un gobierno que ya nos tiene acostumbrado a ellas, bien por boca de su presiente, o la de sus ministros y ministras.
 
Puede, efectivamente, que solo fuera eso, otra majadería, en este caso en un foro internacional, donde también se prodigan. O puede que cerrando su intervención con este mensaje: “la Tierra no pertenece a nadie”, el presidente del gobierno, ya sea como “tonto útil” o con plena intencionalidad personal, busque introducir un nuevo ataque para seguir minando los fundamentos de la libertad y la dignidad del individuo y de la familia, en este caso cuestionando el derecho a la propiedad privada.
 
Decir que la tierra es del viento puede ser una manera muy sutil de preparar el terreno para debilitar el reconocimiento por parte de los poderes públicos de los derechos de propiedad. Sobre la necesidad de la defensa del derecho a la propiedad privada como pilar sobre el que construir el bien común, el Catecismo de la Iglesia Católica es muy claro. En sus números 2.402 y siguientes indica la importancia de la propiedad privada “para garantizar la libertad y la dignidad de las personas, para ayudar a cada uno a atender sus necesidades fundamentales y las necesidades de los que están a su cargo”. En concreto, “la tierra está repartida entre los hombres para dar seguridad a su vida, expuesta a la penuria y amenazada por la violencia”.

Sin un reconocimiento efectivo de los derechos de propiedad el hombre queda indefenso ante la violencia del más fuerte. Por eso la sociedad ha renunciado a parte de sus poderes en favor del Estado, como, por ejemplo, el recurso a la violencia, para que se establezcan políticas económicas y sociales que protejan y amparen la vida, la salud y la propiedad de los particulares contra las agresiones que puedan perpetrar enemigos internos o externos.

En una sociedad libre donde se respeten los derechos de propiedad, la viuda más pobre y humilde puede enfrentarse en igualdad de condiciones al más poderoso de los banqueros y reclamarle lo que es legítimamente suyo. Si no hay seguridad jurídica sobre los derechos de propiedad y la tierra pertenece al viento, serán los poderosos los que acaben indicando en qué dirección sopla el “viento”. La defensa del derecho a la propiedad privada debe ser uno de los objetivos centrales de todo gobierno orientado a la promoción del bien común.

"Nuestra tierra, en la que viven pobres, demasiados pobres, y ricos, demasiado ricos”. Sí, pero todos necesitan que se respeten los derechos de propiedad para que la actividad económica evolucione de forma eficiente y pacífica. No se puede caer en la demagogia de decir que el derecho a la propiedad privada solo beneficia a los ricos, demasiado ricos, para atacar los derechos de propiedad.

La realidad demuestra que la propiedad privada beneficia a todos, a los pobres, a los ricos demasiado ricos, y a todos los demás. Pero son los más pobres los que encuentran en la propiedad privada donde agarrarse para dar seguridad a su vida y salir de la penuria. De hecho, como demuestra el célebre economista peruano Hernando de Soto, toda sociedad que busque salir del subdesarrollo debe establecer un sistema jurídico respetuoso con la propiedad privada para llevar a cabo un proceso eficaz de desarrollo económico y erradicación de la pobreza.

¿Qué pretendió, entonces, Rodríguez Zapatero al declarar solemnemente y ante la comunidad internacional que la tierra no pertenece a nadie, cuestionando los derechos legítimos de sus propietarios? ¿Está el Gobierno de España dispuesto a defender los derechos fundamentales de los españoles, a los que debe servir, o sus actuaciones serán una amenaza para todos nosotros? Habría que preguntárselo, más aún teniendo en cuenta que su partido político, ahora en el gobierno, se presenta públicamente como “partido socialista".
 
La inculcación a la sociedad de su derecho a la propiedad privada en favor de la burocracia estatal y sus grupos de interés ha sido una línea de actuación fundamental del socialismo, entendido como la ideología que busca suplantar la iniciativa de base del individuo y las asociaciones intermedias por la actuación centralizada y planificada desde arriba por el Estado. Baste solo recordar algunas figuras claves del socialismo salvaje del siglo XX, como Hitler y el nacionalsocialismo alemán, o Stalin y el socialismo bolchevique, para comprender hasta qué punto esto es así.
 
La propiedad privada entra en conflicto con una ideología socialista. De hecho, la propiedad privada es probablemente una de las “armas” que mejor nos defiende contra el feudalismo y el socialismo. Por eso, insisto, creo que debería preocupar doblemente que tales amenazas contra el derecho a la propiedad privada surjan precisamente de un representante de un partido político en el gobierno que se presenta explícitamente como socialista. (De todas formas, nunca entenderé cómo en pleno siglo XXI pueden aún existir partidos políticos que se presenten explícitamente como “socialistas”. Deberían producir los mismos escalofríos que un partido que se declarase explícitamente fascista, ya que, en el fondo y como la historia ha demostrado, ambas ideologías no dejan de ser el mismo perro con distinta correa).
 
Puede que la declaración: "la Tierra no pertenece a nadie, salvo al viento", haya sido solo otra majadería desafortunada de nuestro presidente; o puede que no, y esté llena de intencionalidad ideológica. En cualquier caso, el tema es demasiado serio como para dejarlo pasar, ya que lo que está en juego no es solo la buena oratoria de nuestros gobernantes, sino las intenciones reales del partido en el poder y hasta qué punto estas intenciones son compatibles con la promoción de la libertad y la dignidad de los españoles. Convendría seguir atentos, pedir que explique sus posiciones sobre la defensa de los derechos de propiedad y exigir responsabilidades políticas en su caso.