Mucho se habla de las responsabilidades penales que puedan caber al Sr. López Garrido por un delito de prevaricación relacionado con la concesión de 78.000 Euros del erario público a la fundación Alternativas estrechamente vinculada al pesoísmo y en cuyo patronazgo figuraría el propio López Garrido. La definitiva calificación del hecho como delito o no, pende de una fecha y de una hora, la de la carta de dimisión que el diputado pesoíta habría hecho llegar a la fundación dándose de baja entre sus patrones: si estuviera datada un minuto después de la concesión de la subvención, habrá prevaricación; si un minuto antes, no la habrá.

 

             No es, desde luego, baladí ningún esfuerzo dirigido a determinar si el comportamiento constituyó o no delito. Ahora bien, en la actuación del López Garrido, más allá de las responsabilidades penales que se puedan derivar, atisban resquicios de comportamiento indigno que exceden todo lo éticamente soportable.
 
             López Garrido no debió otorgar 78.000 Euros a una fundación a la que estuvo vinculado ni un minuto antes ni muchos siglos después de dicha vinculación. Apesta. López Garrido debería explicar por qué una subvención que asciende a 78.000 Euros la realiza en dos entregas, una de 60.000 Euros y otra de 18.000. Como debería explicar cuándo y dónde se celebró el (supuesto) curso que se financiaba; quién pudo acudir a él (pues al financiarse con fondos públicos es de entender que fue abierto a todo aquél que lo deseara); a qué partidas se aplicaron los generosos fondos; quien fue el/los conferenciante/s y cuáles sus emolumentos; qué importó la sala en la que se celebró; qué otros gastos se produjeron; qué diferenciaba el curso de los miles que a diario se imparten por toda la geografía nacional como para que el Estado se interesara en su financiación... y tantas y tantas cosas.

 

            Lo peor del caso es que López Garrido no es el único capacitado para dispensar tan generosas dádivas, ni el único que lo está haciendo. La administración española, las distintas administraciones españolas, las infinitas administraciones españolas diría, se han convertido en un gigantesco erial en el que los millones están desparramados por el suelo y se reparten las dádivas con una liberalidad que excede la ética menos exigente.

 

            Es urgente poner fin a la sangría. Es urgente que los españoles nos rebelemos contra el despilfarro de los impuestos que con tanto esfuerzo pagamos para que se los repartan alegremente la caterva ingente de sinvergüenzas que pululan por la administración con una capacidad ilimitada de repartir fondos cuya finalidad cada vez tiene menos de pública y más de pornográficamente privada.

 

 

 

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            Invito a mis lectores a conocer, sólo a modo de ejemplo, las cantidades atribuídas en virtud de la Ley de la memoria histórica, y les recuerdo que esas asignaciones se han hecho con los impuestos por él pagados. Ver el BOE en cuestión en:

 

http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/02/pdfs/BOE-A-200919297.pdf

 

            No se moleste el lector en sumar las cantidades, importan unos 4 millones de Euros, casi 700 millones de las antiguas pesetas. Y eso en un solo día y sólo desde la Administración central.

 

            ¿Me puede decir alguien las cantidades asignadas en aplicación de la Ley de la dependencia?