Informa el diario británico The Guardian de lo ocurrido en la ciudad inglesa de Cornwall, el Cornualles del que hablaban nuestros autores del siglo de oro, donde los propietarios de un hotel han sido condenados por un tribunal a indemnizar con 1.800 euros a cada uno de los componentes de una pareja homosexual por no haberles alquilado una habitación. Todo ello en virtud de la llamada Equality Act (Sexual Orientation). Regulations 2007 británica, que bien podría ser una de las fuentes inspiradoras de la llamada Ley de igualdad de trato que desde el Ministerio de sanidad se pretende implementar en España.
 
            Las razones que alegaron los propietarios del hotel para no admitir a la pareja están relacionadas con sus creencias religiosas, ya que aunque la noticia no habla de su adscripción católica, anglicana o vinculada a algún tipo de grupo, sí aclara que “no creen en el sexo antes del matrimonio”.
 
            La sentencia sostiene que el derecho de los hosteleros condenados a ejercer su derecho a la libertad religiosa no es absoluto, y “puede ser limitado para proteger los derechos y libertades de los demandantes”.
 
            El planteamiento que hace el juez en la sentencia nos coloca claramente ante un caso de conflicto de derechos, -el derecho de una pareja a ejercer su libertad sexual, frente al derecho de otra persona a ejercer su libertad religiosa-, que el juez ha decidido resolver haciendo prevalecer el primero sobre el segundo. Nótese que, aceptando, como no tenemos porque no hacer, los argumentos ofrecidos por los propietarios del hotel, ni siquiera se trata de una discriminación de los componentes de la pareja por ser homosexuales, ya que tampoco habría sido admitida una pareja que no hubiera estado casada aunque hubiera sido de heterosexuales.
 
            Pues bien, una vez más, y como ya he tenido ocasión de manifestar en otros artículos relacionados, se trata a mi entender de un planteamiento erróneo, tremendamente desenfocado, y en realidad, superficial, muy lejano al verdadero fondo de la cuestión, que no es otro que el derecho de toda persona o asociación a establecer las normas por las que quiere regirse, por absurdas que a los demás nos puedan parecer, siempre que no sean penalmente perseguibles. Una de cuyas manifestaciones más notorias al nivel hostelero en el que aquí nos desenvolvemos, es el del que siempre se ha llamado derecho de admisión que tan bien ha funcionado hasta la fecha y cuyo cuestionamiento, amén de innecesario, puede conducir a una paralización de la actividad empresarial.
 
            Por otro lado, me parece muy curioso que sea el mismo legislador el que no sólo permite, sino que obliga con todo el aparato de la ley, a un empresario a denegar el paso a su local de un fumador, el que de la misma manera le impide negárselo a un homosexual o a una persona que no esté casada. Honestamente, no consigo entender el esquema argumental que hace posible la coexistencia de una conducta y de la otra, y cómo el estado puede estar legitimado para impedir ejercer en un local una actividad que no sólo no es ilegal sino de la que resulta el más lucrado, y al mismo tiempo, obligar a su propietario a aceptar en ese mismo local actividades que no quiere aceptar, por absurdos y estúpidos que a los ojos de los demás puedan parecer sus fobias o sus prejuicios. Por cierto, ¿qué habría que decir de los bares y hoteles, que los hay y muchos, en todo el mundo, que son sólo para homosexuales?
 
            Creo que lo que verdaderamente está en juego son las competencias y potestades que, curiosamente, en nombre de la libertad y la democracia, se está permitiendo ese que cada vez más se presenta como un leviatán furioso y amenazador para la sociedad llamado estado, cuya voluntad no viene implementada por la mayoría que elige a sus componentes como dice la teoría, sino por una verdadera minoría, más bien élite, que es la que, una vez obtenido el nombramiento, olvida todo el vínculo que le une a la sociedad que lo ha elegido, y se dedica, por un lado, a fagocitar de la todopoderosa y riquísima maquinaria estatal en el modo verdaderamente obsceno en que lo estamos viendo hacer; y por otro, a utilizarlo como instrumento para imponer a la sociedad, en un proceso que no puede ser definido sino como de verdadera y perversa ingeniería social, los postulados procedentes de sus más exóticas y caprichosas ensoñaciones. Unos componentes que, para completar la obscenidad del proceso, adolecen de toda formación intelectual y moral (innecesario citar ejemplos que están en la mente de todos). Y ojo, que cuando digo "moral", me refiero a ella en el más estricto sentido de la palabra (del lat. mos-moris=conducta, proceder), no determinando de antemano que esa moral haya de ser una (la cristiana, pongo por caso), u otra.
 
 
 
 
 
De una niña, un velo y un colegio público muy sensato
Del matrimonio homosexual, legalizado ahora en Portugal
De ese bodrio titulado Educación para la ciudadanía
De un pobre niño de nueve años que pesa ochenta kilos