En algunos medios tan preocupados como los nuestros por otros sucesos de pederastia, ha pasado relativamente desapercibido el ocurrido en la vecina Portugal, donde desde que el año 2002 saltara a la luz, se viene ventilando el caso de lo que podría ser toda una red de pederastia, originando el que, probablemente, ha sido el proceso más largo y sonado ocurrido en la nación vecina en toda su historia.
Un caso que, después de todo, se ha saldado con apenas seis sentencias condenatorias, las cuales han afectado a personajes de lo más dispares, desde un mero comerciante, Manuel Abrantes, condenado a 5 años y 9 meses, hasta un abogado, Hugo Marçal, condenado a 6 años y 2 meses, un embajador, Jorge Ritto, condenado a 6 años y 8 meses, un médico, Ferreira Diniz, condenado a 7 años de prisión, o un famoso presentador de televisión, Carlos Cruz, condenado a siete años de cárcel. Amén del que ha salido peor parado, un conductor, Carlos Silvino “Bibi”, condenado a 18 años, único que confesó su participación en unos abusos sexuales de los que, según su propia declaración, él mismo había sido víctima en su infancia.
Los hechos se han desarrollado en una de las sedes de lo que en Portugal se da en llamar la Casa Pía, una red de colegios públicos creados para la protección de niños desvalidos y de huérfanos, que tiene su origen en la fundación que en el año 1780, durante el reinado de María I, realizara Diego Ignacio Pina Manrique, Intendente general de la policía, suerte de Ministro del interior, y hombre de confianza del Marqués de Pombal, el gran reformista ilustrado portugués del s. XVIII. La Casa Pía se ocupa, al día de hoy, de la educación de casi cinco mil niños portugueses, muchos de ellos en régimen de internado, en una decena de escuelas repartidas por todo Lisboa.
El juicio ha revestido todas las características de un macroproceso mediático, hasta el punto de haber sido definido por algunos comentaristas como de auténtica caza de brujas. Entre los excesos en él cometidos, por ejemplo, el intento de implicación del que fuera Ministro de trabajo y seguridad social entre 1999 y 2001, el joven socialista portugués de 38 años, Paulo Pedroso, indemnizado en 2008 con 100.000 € por haber sido infundadamente acusado. Y eso que, al menos, no se ha llegado a pedir la dimisión del Presidente de la República, ni cuestionado la institución del matrimonio, (y eso que muchos de los condenados estaban casados), o planteado la abolición del sistema de enseñanza pública portugués –ni siquiera la de las propias Casas Pías- al que pertenece el establecimiento en el que se han producido los deplorables hechos.
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