La Asamblea por la Vida presenta una queja formal ante el Tribunal Constitucional por el aborto

Este jueves, la Asamblea por la Vida, la Dignidad y la Libertad, que coordina a más 140 asociaciones, han presentado un escrito de queja ante el Tribunal Constitucional días antes de que se dicte la sentencia definitiva sobre el recurso del Partido Popular a la ley del aborto aprobada en 2010 bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Los firmantes, que se dirigen al Pleno del Tribunal Constitucional, son la Federación One of Us (con sede en Bélgica, es de ámbito europeo), la Federación Española de Asociaciones Provida, la Asociación Católica de Propagandistas (Acdp), el Foro Español de la Familia, Neos, Cristianos en Democracia, E-Cristians, ANDOC (Asociación para la Objeción de Conciencia), Fundación Jerome Lejeune y Familia y Dignidad Humana. Les representa Luis Peral Guerra, que hasta 2015 fue senador y hasta 2017 diputado autonómico en Madrid.

Javier Rodríguez, de Foro de la Familia, firmando la queja.

Mayor Oreja: el TC no debe servir "a la ingeniería social"

NEOS es una de las organizaciones representantes de la Asamblea por la Vida firmantes del documento. Su impulsor, el exministro de Interior Jaime Mayor Oreja, ha destacado que el Tribunal Constitucional debe ser un instrumento que sirva a la misma Constitución y no a "un proyecto de ingeniería social".

"No es posible que este tribunal pervierta su auténtica naturaleza", denunció.

En el escrito, las asociaciones protestan por la participación, en la sentencia sobre el recurso a la ley del aborto de 2010, de "unas personas que no deberían haber participado" porque "han contribuido en otros procedimientos relacionados con esta ley".

En este sentido, han presentado este escrito al entender la gravedad de los hechos que afectan, por un lado, a la exigible imparcialidad jurídica de todo Estado de Derecho, y por otro a centenares de miles de vidas en gestación.

Tal y como ha comentado la política vasca María San Gil, tras entregar la queja, las acciones del Tribunal Constitucional podrían ser cuestionadas porque no se ha tenido en cuenta la abstención y recusación de cuatro magistrados.

Mayor Oreja no espera que los magistrados del Constitucional reaccionen ante la queja presentada. No obstante, ha asegurado que las apelaciones de conciencia "hay que hacerlas siempre" aunque se tenga la impresión de que "existe un impulso político muy determinado en la peor de las direcciones, en una perversa dirección".

"Consecuencias gravísimas"

El exministro ha insistido en que "esto es un buque insignia de un proyecto de ingeniería social que trata de cambiar, destruir, socavar, reemplazar unos fundamentos por otros, por una nueva sociedad, y es un disparate que el TC se preste a ello".

Por su parte, la presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida, Alicia Latorre, ha lamentado que después de la espera que han tenido que sufrir para que el TC resolviera el recurso sobre una ley de 2010 se haya llevado a cabo "de manera precipitada" y sin tener en cuenta una sentencia "cuyas consecuencias van a ser gravísimas".

"Desde las asociaciones que cada día defendemos la vida sabemos la muerte y el dolor que lleva consigo cada aborto y queremos hacer todo lo que esté en nuestra mano", ha concluido.

El Tribunal Constitucional español en 2023 está lleno de ex-altos cargos socialistas, y juristas ya implicados en la ley de aborto de 2010. ¿Pueden hacer un juicio justo de esa ley?

"Todos tienen derecho a la vida", dice la Constitución, pero...

Hay que tener en cuenta que la Constitución española dice en su artículo 15 que "todos tienen derecho a la vida y a la integridad física".

Cuando España aprobó su primera ley de aborto, el Constitucional aclaró en su sentencia 53/1985 que "la vida es una realidad desde el inicio de la gestación", "la gestación ha generado un tertium existencialmente distinto de la madre, aunque alojado en el seno de ésta", que "la vida del nasciturus es un bien jurídico protegido por el artículo 15 de la Constitución" y que "el Estado tiene frente a la gestante y el nasciturus dos obligaciones: “La de abstenerse de interrumpir o de obstaculizar el proceso natural de gestación y la de establecer un sistema legal para la defensa de la vida que suponga una protección efectiva de la misma". Aquella ley despenalizaba sólo unos supuestos de "conflicto" (malformación fetal, violación, riesgo grave para la salud materna).

¿Cómo encajar todo eso con la Ley de Zapatero de 2010 que permite a la gestante abortar sin aducir causa o conflicto alguno durante un periodo de la gestación?