Jueves, 18 de abril de 2019

Religión en Libertad

Las entidades católicas explican cómo es la esclavitud del siglo XXI

21 millones de personas explotadas sexual y laboralmente con la trata; la Iglesia la combate

Más de 500.000 mujeres entran en Europa cada año con fines de explotación sexual y laboral
Más de 500.000 mujeres entran en Europa cada año con fines de explotación sexual y laboral

Revista Misión

Más de 21 millones de personas viven atrapadas en redes de esclavitud moderna. Y no hay país que se escape de esta lacra. Cada uno, en mayor o menor medida, está involucrado, como país de origen o de destino. Son datos de 2015 facilitados por el Servicio Jesuita a Migrantes, que investiga la trata de personas como la nueva esclavitud del siglo XXI.
 
Cuando se habla de “trata”, generalmente se la relaciona con la prostitución, pero, lamentablemente, llega mucho más allá.

“Es la más sórdida de las formas que desplazan mano de obra en el mundo”, según afirma un informe del Servicio Jesuita a Migrantes y que María José Castaño, investigadora del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, ha facilitado a la Revista Misión.
 
La trata y el tráfico de personas
“La trata y el tráfico de personas son dos delitos totalmente diferentes, aunque tienen conexiones entre sí”, asegura Castaño. El tráfico de personas es un “delito transnacional” que consiste en ayudar a una persona a cruzar una frontera de manera ilegal, lo que conlleva la violación de la normativa de extranjería de ese Estado. La realización de este acto tiene como consecuencia la expulsión inmediata de esa persona del país y la devolución a su nación de origen.

Sin embargo, el delito de trata de personas es “mucho más grave” porque consiste en “la captación de alguien a través de actos de violencia, amenazas, engaños o abusos en un contexto de vulnerabilidad, ya sea económica, psicosocial, física, administrativa o de cualquier tipo, con el fin de trasladarla o transferirla a otra persona, por lo que no se requiere el cruce de fronteras para su explotación sexual o laboral o para el tráfico de sus órganos”.



Más de 500.000 mujeres entran en Europa cada año con fines de explotación sexual y laboral, lo que, unido a los beneficios que se obtienen del tráfico de migrantes y armas, mueve alrededor de 35.000 millones de dólares en todo el mundo.

Aunque en España no se han reportado casos de tráfico de órganos, la explotación sexual y laboral sí está presente en nuestro país. “Los responsables de Trata de la Guardia Civil me comentaban que se llevan a cabo tantas investigaciones relacionadas con fines de explotación laboral como con fines de explotación sexual”, apunta Castaño.
 
Una trama desarticulada en Barcelona
La Operación Wei así lo atestigua. Comenzó en junio de 2009 y se cerró a finales de 2015. En Mataró (Barcelona), 750 Mossos d’Esquadra intervinieron 72 talleres clandestinos y arrestaron a 77 personas de nacionalidad china. Más de 100 fueron imputadas por tener a casi 500 de sus compatriotas trabajando de lunes a domingo durante 15 horas diarias, sin festivos.

En épocas de especial demanda, los trabajadores cosían hasta las tres de la madrugada, dormían cuatro horas en el mismo taller y volvían al trabajo. Vivían en los sótanos, y se alimentaban a base de pequeñas raciones de pasta y arroz para evitar que “trabajaran poco por estar muy llenos”. No había ventanas y las condiciones higiénicas eran deplorables. Y todo esto por solo 25 euros al día.



Solo dos de los casi 500 trabajadores se atrevieron a relatar su experiencia como testigos protegidos después de sufrir amenazas de los dueños. Como víctimas de trata, deberán ser indemnizados con al menos 10.000 euros.

En el registro de los talleres clandestinos, se encontraron etiquetas de 363 marcas. No se trataba de falsificaciones, sino de “grupos comerciales dedicados a la industria textil de notoria relevancia en mercados nacionales e internacionales”. Las grandes empresas afirmaron que no sabían nada. Y es que se trata de un sistema piramidal de subcontrataciones de líneas de producción a través de proveedores españoles con los papeles en regla, que, con el incremento de la producción y la reducción de los plazos, contratan intermediarios de confección, los cuales se encuentran en una absoluta clandestinidad.

Mónica Prieto, de Liberata, fundación contra la trata de seres humanos, precisa que “un 60 por ciento de los empleados de todo el mundo trabajan sin contrato” y que, en cierto sentido, “la economía mundial se sostiene en la esclavitud”. No solo la industria textil, sino también la agrícola. “Gran parte de la producción, por ejemplo, del cacao, viene de países como Costa de Marfil, donde niños de diez años trabajan en la recolección”. Pero no hace falta irse a África para encontrar esclavos: “En los invernaderos del sur de España, durante la recogida de la fresa de Huelva, por ejemplo, se contratan mujeres marroquíes y se aseguran de que sean madres para que regresen a su país, con sus pequeños”.

La rentabilidad del cuerpo
Según apunta Prieto, “la mercantilización del trabajo humano y del cuerpo son rentables. Por eso, la trata se extiende y prospera. Solo en Europa mueve 3.000.000 de euros al año y esclaviza a unas 140.000 mujeres. A nivel mundial, se estima que 1 de cada 5 víctimas de trata son niños, mientras que las mujeres alcanzan los dos tercios del total”.
 
Cuando se habla de trata, esta suele relacionarse con la prostitución porque es la forma de trata más extendida. En Cáritas lo saben bien; por eso, durante la presentación del informe “La prostitución desde la experiencia y la mirada de Cáritas”, sus responsables destacaron que, en la mayoría de los casos, “las mujeres víctimas de trata no tienen conciencia de su condición de víctimas y de sus derechos como tales”.



“Piensan que están dentro de un proceso migratorio, pero que saldrán de él y que terminarán de pagar la deuda que adquirieron con el tratante; aunque, en realidad, esta no hace más que aumentar”, subraya Castaño.

La mujer sometida a trata 
El perfil de las más de 2.200 mujeres en situación de trata y prostitución ayudadas por Cáritas en España entre 2011 y 2014 es el de una mujer de origen extranjero, especialmente subsahariana, rumana, brasileña o dominicana; menor de 35 años; con un bajo nivel formativo –en su gran mayoría, no llegan a completar los estudios secundarios–, y con menores a su cargo. “Son mujeres que dejan atrás, en su países de origen, situaciones de pobreza, exclusión, discriminación, e incluso, violencia”, precisa Hilde Daems, responsable del Área de la Mujer en Cáritas.

El Centro de Inteligencia y Análisis de Riesgos de la Policía Nacional alertó de la “bajada escandalosa en la edad media del cliente de prostitución”, ya que, actualmente, también alcanza a jóvenes de 19 y 20 años.

Desde APRAMP, la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida, insisten en que “los anuncios y el mal uso de Internet, han degenerado en una normalización de la prostitución como actividad de ocio y de la imagen de la mujer como objeto de consumo”.

Un cambio en los valores, que ahora solo buscan la gratificación inmediata. La pornografía está a pocos clics de distancia, y la incapacidad de contenerse ante la frustración sexual hace que el 20 por ciento de los varones en España reconozca haber pagado recientemente por servicios de prostitución. La gran mayoría no concibe que la mujer pueda ser víctima de trata, tal como afirma un estudio de la Universidad Pontificia de Comillas encargado por la Delegación del Gobierno por la Violencia de Género.


 
Fin a la trata
Para terminar con la esclavitud del siglo XXI en todas sus formas, es preciso instaurar una ley integral contra la trata. Por eso, desde Cáritas piden la colaboración de las fuerzas de seguridad y de las entidades sociales.

astaño insiste en la importancia de recoger una definición de “víctima” que abarque esos tres tipos de trata: las explotaciones sexual, laboral y de tráfico de órganos.

Actualmente, es complicado conseguir el reconocimiento de víctima porque la prueba recae sobre la propia persona, que no suele identificarse como tal.



Además, “es obligación del Estado ofrecerle a la persona una protección oficial que asegure su integridad física, darle asistencia jurídica y psicológica, y, en la medida de lo posible, ofrecerle una solución a largo plazo para salir de esa situación”. Por su parte, Castaño apela a la responsabilidad, “no solo individual, de contratar a alguien en condiciones justas y de no explotación”, sino también de que las empresas se responsabilicen de su línea de proveedores y del eventual beneficio del trabajo esclavo.  

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