Jueves, 18 de abril de 2019

Religión en Libertad

PPSOE Extremadura: despido libre y memoria histórica



Varios dirigentes de la Junta de Extremadura en comandita con los más conspicuos representantes de la autodenominada recuperación de la memoria histórica han asistido en Campillo de Llerena a la puesta de largo de un proyecto heredado de la anterior etapa política y que venía siendo promovido por el equipo de ideólogos que se ocupan de manipular el pasado en nuestra región.
 
Desde hace unos meses se viene hablando de una reconstrucción realizada en el llamado Cementerio de los italianos,  ubicado en las inmediaciones de la localidad pacense de Campillo de Llerena, construido en 1937 por la I Brigada Mixta Flechas Azules y utilizado posteriormente para dar sepultura, generalmente provisional, a los numerosos caídos en el cercano frente extremeño.
 
El proyecto ha contado con participación económica de diversas instancias: Ejército, Consorcio Centro de Desarrollo Rural Campiña Sur (Ceder) Proyecto para la recuperación de la memoria histórica en Extremadura (PREMHEX), Consejería de Cultura y Turismo de la Junta y Ayuntamiento de Campillo de Llerena. El entramado financiero se complica si recordamos que detrás del PREMHEX se encuentran la Universidad, las Diputaciones de Cáceres y Badajoz y la omnipresente Junta de Extremadura. Esto último puede comprobarse visitando la página de agit-prop que mantienen en línea de los promotores de dicha iniciativa
 
Ahora bien, el actual Cementerio de los italianos es, como todo lo que toca la memoria histórica, un fraude.
 
Porque tal reconstrucción no existe y, en realidad, la obra llevada a cabo en el Cementerio de los italianos más bien puede calificarse de destrucción o, cuanto menos, de distorsión. Hasta hace poco, el visitante podía ver unos sencillos muros apenas revocados de cal que albergaban los recuerdos de unas pobres tumbas que casi se mezclaban con el entorno. Hoy, dicho lugar ha desaparecido, transmutado bajo capas de cemento y de ladrillos que han desfigurado el lugar y le han hecho perder el entrañable carácter aldeano de su origen, sencillo recuerdo a unos hombres que vinieron a dejar la vida muy lejos de su Patria. Por ejemplo, no vemos la necesidad de destruir la sencilla base de una cruz que se hizo apenas acumulando unas piedras, para reemplazarla por una nueva construcción ubicada en el centro de una glorieta a manera de paseo urbano.

La idea que se pretende sembrar en quienes no conocieron la estética primitiva de dicho lugar es el trato triunfal que el franquismo dispensaba a sus muertos en contraste con las anónimas fosas en que yacen tantos “republicanos”, como ya se encargó de explicar en su día Cayetano Ibarra, coordinador para el Proyecto de la Memoria Histórica de Extremadura. Por si no quedaba claro, los promotores de la memoria histórica afirman que “Se ha ideado para que puedo [sic] ser seguido en visita a través de los 10 paneles informativos que allí se encuentran y con el fin de destacar las diferencias entre los enterramientos realizado por el propio franquismo de víctimas militares del lado sublevado y los que fueron fusilados por la represión del régimen, los cuales siguen siendo buscados”. Ignoramos si se informa a los visitantes del trato que los republicanos dieron a los cadáveres de los hombres y mujeres asesinados en Campillo de Llerena por los defensores de la legalidad republicana… Prometemos ocuparnos del asunto cuando lo comprobemos.


El Cementerio de Campillo antes y después de su "reconstrucción"

 
La presentación en sociedad de este nuevo atentado a la conservación del patrimonio histórico extremeño ha ido acompañada de una serie de informaciones que garantizan por parte del presidente de la Junta de Extremadura, el “popular” José Antonio Monago, que se mantiene la financiación al proyecto de la Memoria Histórica. Con ello se confirma lo que siempre hemos sostenido: que el PP comparte el proyecto cultural de la izquierda radical y que los acuerdos virtuales que rigen la actual situación política extremeña van a tener su trasunto en la perpetuación de una estrategia que ha convertido a esta región en uno de los lugares que ha tenido que sufrir con más encono la ofensiva protagonizada desde la memoria histórica. Un concepto, por cierto, que nada tiene que ver con la historia a no ser su empleo como arma de un combate caracterizado por frecuentes episodios de pobreza conceptual, deterioro moral, agresividad y eliminación de toda voz discordante.
 
Cuando la Junta de Extremadura sobrevive a duras penas en medios de los recortes anunciados que se tratan de difuminar con pintorescas medidas como la pregonada subasta de coches oficiales; o cuando se gobierna sin presupuestos, será el señor Monago, quien tendrá que explicar a sus votantes las prioridades que le mueven a la hora de señalar criterios de inversión de los fondos públicos. El PP ha seguido opciones muy concretas en lo que ha recortes sociales se refiere y acabamos de comprobar que éstos no afectan a la memoria histórica.
 
Pero, con ser importante la cuestión económica, nos parece de mayor calado la que se esconde tras la decisión tomada por el Partido Popular en respaldo de las iniciativas promovidas por la Ley 52/2007, de 26 de diciembre (mal llamada, Ley de memoria histórica) postura, eso sí, coherente con anteriores pronunciamientos de esta organización en lo que a nuestro pasado más reciente se refiere.
 
El hecho resulta especialmente grave porque, como hemos apuntado, las actuaciones públicas promovidas en Extremadura bajo los presupuestos de la ideología de la memoria se han caracterizado por su inoperancia, sectarismo y cuestionables criterios a la hora de adjudicar los pingües fondos asignados. Así, no solamente carecemos de un elenco contrastado de las víctimas de la Guerra Civil —similar al que ya se dispone en otras regiones, como es el caso de Cataluña— sino que se presentó de manera apresurada y hubo que retirar, con más prisa aún, por sus numerosas manipulaciones y errores unos listados avalados por la Universidad, las Diputaciones de Badajoz y Cáceres y la propia Junta de Extremadura. Al tiempo, han caído bajo la piqueta testimonios monumentales —en ocasiones de alto valor histórico y artístico, como el desaparecido escudo de la Audiencia de Cáceres, obra del escultor extremeño Pérez Comendador— y se procede a la glorificación indebida de los responsables de los crímenes cometidos por las milicias frentepopulistas o por partidas de bandoleros.

 
Las intenciones de Monago son un aval a esta trayectoria y suponen un cheque en blanco al proyecto de la izquierda extremeña para seguir fomentando las diferencias entre los españoles, resucitar odios ya caducados y reabrir unas heridas que estaban cicatrizadas hace mucho tiempo. Fiel a sus complejos históricos, el centro-derecha se revela incapaz de interpretar el sentir mayoritario que expresaron las urnas el pasado 20 de noviembre, y promete ofrecernos una re-edición de la peor política cultural del aznarismo olvidando que no habrá regeneración posible, ni España logrará salir de la profunda crisis en que se encuentra (que va mucho más allá de lo económico) si no se afronta de manera coherente el debate de las ideas.
 
Y lo decimos, no porque sea nuestra intención prescribir el olvido como actitud de los españoles ante el pasado. Menos aún, desde el buenismo de los asistentes al acto de Campillo de Llerena, al proponernos una reconciliación anacrónica. Bien al contrario, pretendemos que se recuerde la Historia, eso sí, con dos puntualizaciones necesarias: que ésta se asuma íntegramente, y no desde una perspectiva de parte; y que el pasado no forme parte del debate político sino que permanezca en los términos que corresponden a su naturaleza. Además, para evitar la continua inestabilidad de los criterios aplicados en este terreno, proponemos que se den los pasos necesarios para que las iniciativas gubernamentales al respecto queden al margen de las consignas de los partidos y no se permita una restricción a las libertades públicas que vaya más allá de la protección de los derechos de la verdad y del honor.
 
Lejos de promover la necesaria y moralmente obligada derogación de la ley de memoria histórica y la puesta en marcha de una política de usos públicos de la historia similar a la de los países de nuestro entorno, el Partido Popular extremeño parece diseñar un escenario en que las medidas económicas antisociales convivan amigablemente con una política cultural de izquierdas.
 
La Extremadura del despido libre y de la memorieta histórica. Una Extremadura en la que los salarios de supervivencia, la precariedad laboral y el desempleo generalizado están dibujando un escenario cada vez más parecido al de los años en que sigue anclada nuestra izquierda más rancia. ¿Por qué? Quizá para volver a pronunciar palabras como las que dijo un socialista, Largo Caballero, en Don Benito el 8 de noviembre de 1933:
 
"Vamos legalmente hacia la evolución de la sociedad. Pero si no queréis, haremos la revolución violentamente. Esto, dirán los enemigos, es excitar a la guerra civil. Pongámonos en la realidad. Hay una guerra civil. ¿Qué es si no la lucha que se desarrolla todos los días entre patronos y obreros? Estamos en plena guerra civil. No nos ceguemos, camaradas. Lo que pasa es que esta guerra no ha tomado aún los caracteres cruentos que, por fortuna o desgracia, tendrá inexorablemente que tomar" (“Un magnífico discurso de Caballero. No debemos cejar hasta que en las torres y edificios oficiales ondee la bandera roja de la revolución”, El Socialista (Madrid) (9 de noviembre de 1933), p. 6).
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