El Consejo de Europa rechaza el informe que restringía la objeción de conciencia en casos de aborto

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó hoy una resolución que pide que los hospitales, establecimientos y personas "no sean objeto de presiones" y "discriminaciones" por rechazar practicar un aborto.

La petición se extiende al rechazo a acoger o asistir a un aborto, un falso parto provocado o una eutanasia y "toda intervención que provoque la muerte de un feto o de un embrión humano, cuales quiera que sean las razones".

La resolución fue aprobada por el ajustado resultado de 56 votos a favor, 51 en contra y 4 abstenciones.

La sesión de la Cámara del Consejo de Europa cambió todos los párrafos de una resolución aprobada por la Comisión de Asuntos Sociales, Salud y Familia eran modificados, así como el propio título del informe.

El informe "Acceso de las mujeres a la atención médica legal: problema del recurso no reglamentado a la objeción de conciencia" se convirtió en "el derecho a la objeción de conciencia en el marco de la atención médica legal".

Las 89 enmiendas que hicieron posible la modificación fueron presentadas, en su mayoría, por dos parlamentarios del Grupo Popular (PPE), el irlandés Roman Mullen y el italiano Luca Volonté.

En el informe original se defendía la necesidad de "establecer un equilibrio entre la objeción de conciencia de un individuo que rechaza realizar un acto médico" y "la responsabilidad profesional y el derecho de cada paciente a recibir un tratamiento legal".

La ponente del informe, la legisladora laborista británica Christine McCafferty, dijo que era una "vergüenza" lo que había ocurrido en el hemiciclo y señaló que "sólo los individuos pueden tener conciencia para objetar y no los hospitales".

Diferentes argumentos aportó Volonté, para quien no se trataba de una cuestión de ideología y religión, sino de derechos humanos, ya que el informe original "viola" el artículo 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, relativo a la prohibición de la discriminación.

La resolución aprobada insta a los Estados a que garanticen el derecho a la objeción de conciencia en los servicios médicos y que los pacientes sean informados en ese caso y enviados a otro centro.

A favor de la resolución votaron la mayoría de los parlamentarios populares y en contra, los socialistas e Izquierda Unida Europea.

Liberales y el Grupo Demócrata Europeo (conservadores británicos y los partidos gobernantes en Rusia y Turquía) repartieron sus votos.

Votaron sí los parlamentarios españoles Pedro Agramunt, Agustín Conde, Blanca Fernández-Capel, Gabino Puche, Carmen Quintanilla y Jordi Xuclá. En cambio, Fátima Aburto y Arcadio Díaz Tejera votaron no.

La recomendación, totalmente enmendada, al Comité de Ministros de esta organización paneuropea no fue aprobada al no alcanzarse los dos tercios de los votos emitidos.