¿Cómo comportarse ante el sida?

Ante el problema del Sida cada persona tiene la responsabilidad moral de abstenerse de actividades de riesgo, de conocer en caso de duda si se es seropositivo, sometiéndose oportunamente a un proceso de diagnóstico y, si afectado, a aceptar un procedimiento de terapia.

El deber de solidaridad de los afectados consiste en obrar consciente y responsablemente en el terreno sexual, en informar a la pareja y reducir las posibilidades de transmisión del virus a los sanos, no poniéndoles en peligro y evitando la propagación de la infección. Para los potencialmente afectados no querer saber si se está contagiado, es expresión de irresponsabilidad. No es posible prescindir de la exigencia de no hacer daño a otro u otros, siendo una canallada, incluso susceptible de responsabilidades penales, correr esos riesgos cuando entra en lo posible contagiar a otros.

Hay también por parte nuestra un deber de solidaridad activa y de encuentro personal para con los afectados, pues lo que necesitan los enfermos del Sida es atención humana y afecto, mucho afecto. Esto lo expresa el evangelio en la frase “estaba enfermo y me visitasteis” (Mt 25,36), que empuja a no sucumbir al fatalismo y a realizar una colaboración constructiva para en lo posible acompañar a los que sufren o luchan contra esta enfermedad.

Los servicios pastorales de la Iglesia Católica en su triple dimensión humana, médica y religiosa,  realizados muy especialmente por religiosos y religiosas, no sólo atienden a muchísimos enfermos, sino que son demostraciones tangibles de que Dios y la Iglesia no abandonan al individuo, a las personas o al mundo de los necesitados.

No olvidemos tampoco que el Sida, aunque es un problema mundial, afecta de modo muy especial a los países más pobres del planeta. En algunos países del Tercer Mundo la epidemia afecta a porcentajes bastante elevados de la población, siendo uno de los grandes problemas el precio prohibitivo de las medicinas para muchos millones de afectados, pero incluso en algunos de estos países, cuando el problema ha sido enfrentado seriamente con una educación sexual responsable, basada en la castidad y fidelidad, como ha sucedido en Uganda, se han conseguido éxitos apreciables.

La Conferencia de Pretoria, en Abril del 2001, en la que los países pobres han conseguido de los países ricos el no tener que pagar las patentes para atender a sus enfermos, es un paso en la buena dirección, pero desgraciadamente su aplicación práctica deja mucho que desear, por lo que la Santa Sede ha reclamado la libre utilización de las patentes para poder fabricar los medicamentos imprescindibles a fin de salvar a los millones de personas afectadas que no pueden tener acceso a los remedios que necesitan.

Una buena solución sería la creación de un Fondo de Ayuda Internacional, con el que los países ricos hagan posible el acceso de todos o por lo menos de muchos, a los medicamentos. Pero la realidad en estos momentos es que hay millones de personas afectadas por esta enfermedad, en su gran mayoría en África, y que es una gravísima injusticia dejar a esa gente sin los recursos de la ciencia, pues allí sólo un porcentaje pequeño de enfermos logra tener acceso a un verdadero tratamiento.

Está claro que cuando uno se casa con una persona que sufre esta enfermedad, habiendo sido engañada o por ignorancia de la situación, es un error suficientemente grave sobre una cualidad de la persona que permite declarar nulo el matrimonio en virtud del c. 1097 & 2 del CIC.

Es indiscutible que las relaciones de la pareja se ven afectadas por el riesgo gravísimo de transmitir la enfermedad a la persona que más se ama. Es deber del médico comunicar al paciente y a su pareja  que estamos ante un caso de seropositivo, ofreciéndole al enfermo que sea él quien se lo diga, pero si no lo hace el médico tiene la obligación en justicia de decírselo a la persona en riesgo, porque la obligación del secreto médico no es absoluta, sino que cesa en el caso de las enfermedades contagiosas de “declaración obligatoria”, porque puede hacer daño a terceras personas, al propio médico y a la sociedad.

Es decir, si uno de los cónyuges está enfermo y el otro sano, el enfermo tiene obligación  de manifestar su estado de salud al otro, pues los actos que facilitan la propagación de una enfermedad, y con mucho más motivo si es grave, son moralmente malos. La otra parte puede negarse a la realización del acto sexual, pues cada vez que lo hace se está arriesgando a contraer una grave enfermedad,  porque no sólo no hay que hacer daño a nadie, y menos un daño grave, sino que existe también el derecho a intentar evitarlo. 

Ahora bien, si siguen teniendo relaciones sexuales, el uso del preservativo en este caso tal vez se puede considerar como mal menor, y sería aplicable la doctrina del conflicto de deberes y del mal menor, que busca en conciencia ante Dios cuál de los deberes en conflicto es mayor, porque de lo que se trata es de evitar males mayores e incluso estamos ante una legítima defensa.
Aclarada la situación, la determinación que tomen tendrá que ser asumida en lo posible de común acuerdo, deberá ser responsable y la mejor entre ellas.

Ha de ser así por el bien de ambos, de sus hijos y del matrimonio en sí mismo. De hecho, parece ser que un número no despreciable de estas parejas (del 11 al 25 %) eligen por sí mismos no tener más relaciones sexuales sin por ello separarse. Recordemos que la mujer afectada puede transmitir la enfermedad a su hijo, especialmente en las últimas semanas de embarazo, o por la lactancia, estando claro en este caso que hay que hacer todo lo posible para reducir al mínimo los riesgos para el hijo. Pero como el progreso de la medicina es constante, si con el tratamiento se logra suprimir la carga viral, el riesgo es mínimo y se puede tener una vida sexual relativamente normal.