Lunes, 24 de junio de 2019

Religión en Libertad

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Requerimiento a los Obispos ante la Ley del aborto

por Angel David Martín Rubio


Ante la gravedad de la hora presente, cuando es previsible que la definitiva sanción de la Ley del aborto aprobada hoy por un Congreso de los Diputados convertido en señor de vidas y haciendas, venga a destruir los escasos restos que aún quedan en España de lo que fue un Estado de Derecho.

Pedimos a la Jerarquía de la Iglesia Católica, que históricamente fue amparo de los inocentes y fortaleza de los débiles, que revalide los días más gloriosos de su pasado, ponga fin a los años de traición y de silencio que se iniciaron con la aprobación de la Constitución de 1978 y requiera de manera pública a la persona que ocupa la más alta magistratura del Estado para que, con la autoridad moral que le da el puesto que ocupa, ponga fin a esta situación.

Pidamos a Dios que no se repita la historia, cuando ante la aprobación en 1985 de una ley inicua, precedente de la actual y que habría justificado una reacción semejante a la que ahora pedimos, únicamente el entonces Obispo de Cuenca de santa memoria, Monseñor Guerra Campos, se destacó por la precisión de los argumentos teológicos, morales y canónicos, especialmente en sus dos cartas pastorales sobre el tema en las que señalaba la responsabilidad de las autoridades concentrada en los autores de la ley («a saber: a) El presidente del Gobierno y su Consejo de Ministros; b) los parlamentarios que la voten; c) el jefe del Estado que la sancione») y las raíces de la legalización del crimen en una Constitución gravemente cuestionable desde el punto de vista moral:

«El gran problema es que, si la Constitución, en su concreta aplicación jurídica, permite dar muerte a algunos, resulta evidente que, no sólo los gobernantes, sino la misma ley fundamental deja sin protección a los más débiles e inocentes. (Y a propósito: ¿tienen algo que decirnos los gobernantes, más o menos respaldados por clérigos, que en su día engañaron al pueblo, solicitando su voto con la seguridad de que la Constitución no permitía el aborto? Y digan lo que digan, ¿va a impedir eso la matanza que se ha legalizado?)» (Pastoral del 13-julio1985).

Terminaba recordando don José Guerra que ninguna autoridad de la Iglesia puede modificar la culpabilidad moral ni la malicia del escándalo:

«A veces, se pretende eludir las responsabilidades más altas como si la intervención de los Poderes públicos se redujese a hacer de testigos, registradores o notarios de la «voluntad popular». Ellos verán. A Dios no se le engaña. Lo cierto es que, por ejemplo, el Jefe del Estado, al promulgar la ley a los españoles, no dice: «doy fe». Dice expresamente: «MANDO a todos los españoles que la guarden» [...]

La regla general es clara. Los católicos que en cargo público, con leyes o actos de gobierno, promueven o facilitan —y, en todo caso, protegen jurídicamente— la comisión del crimen del aborto, no podrán escapar a la calificación moral de pecadores públicos. Como tales habrán de ser tratados —particularmente en el uso de los Sacramentos—, mientras no reparen según su potestad el gravísimo daño y escándalo producidos».

Mirando al pasado, confiemos en que sean éstas las enseñanzas sostenidas y recordadas en la nueva ofensiva que estamos sufriendo. Y que los postulados en ellas explicitados sean acogidos hasta las últimas consecuencias.
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