El buen rey que fue Fernando VI ordenó en 1754 que todas las Reales Fábricas de Artillería enviasen al Arsenal Central de Madrid modelos de sus realizaciones con fines didácticos. Estos modelos junto con otros materiales de los que ya disponían aquellos establecimientos, fueron la base para que Godoy crease en 1803 mediante una Real Orden de Carlos IV el Real Museo Militar con sede en el Parque de Monteleón de Madrid. Fue por lo tanto antecesor en varios años al Museo del Prado.

Allí estaba el Museo el 2 de mayo de 1802 y allí se batieron contra los franceses sus componentes que, utilizando varios cañones a su cargo, murieron heroicamente junto con Ruiz, Daoiz, Velarde con muchos paisanos del pueblo de Madrid. Único Museo militar en el mundo que se ha batido en acción de guerra.

La destrucción del Parque fue total y los restos del Museo se acogieron en 1816 al Palacio de Buenavista de donde fue de nuevo desalojado por el general Espartero que ocupó como Regente tal Palacio en 1841. Su nueva ubicación fue lo poco que quedaba en pie del Real Palacio del Buen Retiro, concienzudamente destruido por nuestros enemigos los franceses y nuestros aliados ingleses, concretamente los generales Pakenham y Hill que volaron lo que quedaba del Palacio y la Real Fábrica de Porcelana del Buen Retiro, competencia molesta para las factorías inglesas.

Durante el siglo XIX el Real Museo de Artillería logró aumentar notablemente sus colecciones, reconstruir el ala norte del Real Palacio del Buen Retiro, que era su nueva sede, y convertirse así en un Museo romántico que por sus colecciones de artillería medieval, de armas blancas, de armas de fuego y de armaduras de combate era, según múltiples y autorizados testimonios, el mejor museo militar de Europa. El general Primo de Rivera, al disolver por tercera vez el Arma de Artillería, que se oponía a sus ideas, ordenó el envío del Museo al Alcázar de Toledo pero su caída evitó el traslado.

Azaña, Ministro de la Guerra, en 1932 durante la II República, decidió crear el Museo de Historia Militar, agrupando en el Museo de Artillería, siempre en su misma sede, los demás Museos militares. Concluida la guerra civil y restaurado el Alcázar de Toledo, Franco en 1965 ordenó mediante un Decreto el traslado del Museo del Ejército a dicho Alcázar pero, requeridos los correspondientes informes técnicos que fueron negativos, el tan denostado dictador, decidió no realizar el traslado.

Muy distinto ha sido el comportamiento de las autoridades de este régimen que primero decidieron que el Museo del Ejército debía abandonar su sede para realizar en ella la ampliación del Museo del Prado y, más tarde, comprobado que tal solución no era adecuada, influido el Presidente Aznar por una lamentable sugerencia de los hispanistas ingleses Elliot y Brown quienes le convencieron, junto con Miguel Ángel Cortés a la sazón Secretario de Estado de Cultura, de que la restauración del Salón de Reinos iba a ser su gran aportación a la cultura hispana, ordenó súbitamente en julio de 1996, es decir a poco de llegar a la Presidencia del Gobierno, el traslado del Museo al Alcázar sin contar para ello con el menor asesoramiento de los órganos que deben velar por el patrimonio cultural e histórico de España, antes bien con su oposición más rotunda. Trasmitida una orden verbal a las autoridades militares éstas actuaron como si se tratase de una operación en campaña donde las órdenes no se discuten. Todo ello sin respaldo legal alguno en este régimen que se dice “de derecho”.

Como el Alcázar de Toledo no reunía ninguna condición para convertirse en Museo y mucho menos después de que sus plantas superiores y torres hubiesen sido ocupadas por la Biblioteca Borbón-Lorenzana adquirida por la Comunidad de Castilla la Mancha, a alguien se le ocurrió la idea de hacer un museo semisubterráneo, adosado al monumento, excavando la colina del Alcázar por su lado norte; sucedió lo previsible: aparecieron vestigios arqueológicos de gran interés, según el Ministerio de Cultura que debían ser conservados in situ. Nuevo cambio de idea y nueva modificación del proyecto arquitectónico que, dicho sea de paso se hizo sin disponer hasta varios años después de concluidas las obras, del Plan Museológico que determinase qué Museo se quería hacer. Es decir se hizo una enorme inversión en un edificio sin saber qué tipo de Museo se va a instalar en él. El mundo al revés. Nada digamos del nonato Plan Museológico cuya primera versión fue rechazad y todavía no sabemos si existe definitivamente.

Es decir, que ni se estudió seriamente la posibilidad de restaurar el Salón de Reinos, ni se sopesaron la capacidad y adecuación de las plantas aún libres del Alcázar para llevar allí el llamado Nuevo Museo del Ejército, ni se hizo un presupuesto completo de lo que iba a costar decisión tan apresurada. En cambio se editaron lujosos folletos propagandísticos donde es imposible encontrar un dato que se ajuste a la realidad, ni existe disposición oficial alguna que dé base legal a lo realizado. A esto llaman nuestros políticos Estado de derecho.

A pesar de las tomas de posición de las Reales Academias, singularmente la de Historia, en contra del traslado sin estudio ni asesoramiento autorizado previo alguno, los dirigentes del Ministerio de Defensa impulsaron la destrucción del Museo del Ejército en Madrid a pesar de las frecuentes intervenciones en contra de la opinión pública y ante la indiferencia de Ayuntamiento de Ruiz Gallardón, olvidando que, además de su valor cultural e histórico, el Museo se batió bravamente junto al pueblo madrileño por lo que contaba con la Medalla de Oro de Madrid.

Este cúmulo de irregularidades han desembocado no solo en que la capital de España pierda definitivamente el mejor de los Museo militares europeos, sino que, en realidad, el nuevo Museo que se nos anuncia en Toledo, notablemente reducido en cuanto a su contenido—al contrario de lo que se dijo para justificar el expolio, dicho sea en términos de la Ley del Patrimonio Cultural e Histórico—sea en su mayor parte un «almacén posiblemente visitable» según nos dice una publicación oficial. Los fondos expuestos pasarán de ser unos 17.000 a unos 3.000 para contento y regocijo de los turistas japoneses que, cansados de su peregrinaje por Toledo, conserven fuerzas para visitar lo que se exponga en el Alcázar siempre dentro de lo dispuesto en la Ley de Memoria Histórica. Faltaría más.