Jueves, 25 de abril de 2024

Religión en Libertad

EL REGRESO DE LA POLÍTICA

Los juristas católicos proponen alternativas a la objeción de conciencia frente al Estado

El congreso de la Unión Internacional de Juristas Católicos que se celebra en Madrid, inaugurado por el cardenal Tauran, escuchó los riesgos de oponerse al creciente totalitarismo relativista solamente con el arma de los derechos invidivuales.

E.R./ReL

Juristas católicos en Roma
Juristas católicos en Roma
El congreso de la Unión Internacional de Juristas Católicos (UIJC), que se celebra jueves y viernes en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid, aborda una cuestión de actualidad: Estado y conciencia.

Enmarcadas por el discurso de apertura de su presidente, Joël-Benoît d´Onorio, y la misa de inauguración oficiada por el consiliario de la UIJC, el cardenal Jean-Louis Tauran, en las tres primeras ponencias quedó definida la cuestión en los términos en los que se plantea en las sociedades modernas.

El profesor Dalmacio Negro, catedrático de Historia de las Ideas en la Universidad Complutense de Madrid, destacó el equívoco de considerar la Iglesia y el Estado como dos sociedades perfectas. Esta doctrina «del cardenal Berllarmino, precedido por Vitoria y secundado por Suárez», tuvo como consecuencia que la Iglesia renunciase a su auctoritas sobre el Estado, «abandonándose el viejo derecho de resistencia». La Iglesia aceptó así «la existencia de dos moralidades paralelas: la natural, cuyo organismo es la conciencia, y la artificial, cuyo organismo es la razón instrumental del orden estatal como el orden colectivo; de ahí la constante justificación por la Iglesia del mal menor, del que casi se ha hecho una doctrina». Y aunque teóricamente el Estado del Bienestar surgido tras la Segunda Guerrra Mundial respeta la conciencia, «a medida que interviene en todo, con su enjambre de leyes-medidas suscita hábitos, costumbres, formas de vida, acordes con su ideología, que van acomodando la conciencia a la verdad estatal».

El profesor Philippe Bénéton, de la Universidad de Rennes (Francia), habló de dos tendencias en el liberalismo. Una, no hostil al cristianismo, y otra que sí lo es, y que predomina a partir de los años sesenta, animada por un «fermento subjetivista»: «No produce la abolición de la conciencia sino, de cierto modo, su subversión. La conciencia ya no es la facultad que reconoce la Verdad y el Bien, que son cosas objetivas y no dependen de ella, sino que tiende a constituirse en criterio de la verdad y del bien». Es un relativismo dogmático, porque quien piense de otro modo comete discriminación: «En gran medida el principio de tolerancia, como hoy se entiende, funciona como una censura: en el límite quien habla de talento, sabiduría o virtud prueba su intolerancia», que se convierte en el pecado por excelencia de una moral que se suponía nos iba a absolver de la idea de pecado.

Finalmente, el profesor Danilo Castellano, de la Universidad de Udine (Italia), denunció que la conciencia entendida en el sentido liberal «considera necesaria la política, pero aunque necesaria sigue siendo un mal», y difunde «el error según el cual sería oportuno, quizá necesario, tener sólo la sociedad (civil) y no el Estado entendido como comunidad política». En ocasiones la cultura política católica, bajo la denominción de nueva laicidad, ha alentado este error, con «la convicción de poder usar la neutralidad del ordenamiento jurídico para imponer de hecho una legislación conforme a las opciones de la mayoría que, en los países católicos, se entendía no podían ser sino católicas: esto es, se pensó que por vía sociológica se alcanzaría de hecho el ideal teorético». Lo cierto es que no ha sido así, y entonces se pretende «hacer de la conciencia (como facultad naturalista) el criterio último y supremo del juicio de los actos humanos y del Estado u ofrecer ella y sólo ella los criterios para juzgar las decisiones y actos del Estado». Castellano propuso, frente a esta hipótesis, volver a la tesis del pensamiento católico clásico, que ve en la comunidad política una «realidad esencial, necesaria y benéfica», y propugna un Estado «subordinado a la ética», un Estado «justo» no porque se rinda ante la objeción de conciencia, sino porque «le pide [a la conciencia] y a veces le impone que obedezca no a “su” norma sino a la ley que es instrumento para la instauración del orden (metafísico y ético) del que el Estado es administrador y que es norma para el propio Estado».

De esta forma, al término de la primera jornada los congresistas tenían ante sí un discurso alternativo para un problema que comienza a plantearse de forma acuciante. Cuando el Estado abandona toda apariencia de neutralidad para imponer el dogmatismo laicista, surgen dos opciones: o bien apelar a esa neutralidad (indiferente ante la moral objetiva) en nombre de la  libertad de todas las conciencias, o bien exigir al Estado que tenga en cuenta esa moral objetiva, a la que está obligado por el orden natural de las cosas. El debate sobre esta cuestión ha sido uno de los puntos más comentados en el seno de la UIJC.

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