La Santa Sede define como «valiente» publicar el informe del «caso Vatileaks»

El portavoz del Vaticano, el padre Federico Lombardi, ha señalado que, igual que las instituciones externas ayudan a "aumentar la transparencia económica y financiera", el reconocimiento del papel de los jueces en casos como el del robo de documentos del ex mayordomo del Papa, Paolo Gabriele, puede ayudar también "avanzar en transparencia y coherencia en la comunicación y el debate sobre cuestiones no estrictamente eclesiásticas".

"Una nota amplia y completa como la publicada ayer sobre el caso, con la única omisión de nombres y apellidos de las personas que deben ser protegidas, es un acto de valentía, e insólito en las costumbres vaticanas", ha remarcado.

En este sentido, ha destacado como "significativa" la decisión del Papa Benedicto XVI para alentar la labor de los jueces mostrando así "un respeto escrupuloso por la competencia y autonomía de esta institución, y la confianza en la contribución que puede hacer el camino arduo y difícil de buscar la verdad y establecer la justicia con los instrumentos humanos".

"Esta también es una perspectiva en la que se puede leer la línea adoptada deliberadamente por el Santo Padre para establecer los tiempos y modos para guiar a sus colaboradores con una visión de futuro al servicio de la Iglesia y el Evangelio cada vez más eficaz", ha subrayado.

Según la sentencia hecha pública este lunes, Paolo Gabriele será enviado de nuevo a juicio por el delito de robo con agravante junto a un programador informático dependiente de la Secretaría de Estado del Vaticano, Claudio Sciarpelletti, que es acusado del delito de complicidad.

Esta sentencia, según ha indicado Lombardi, concluye una parte de la investigación llevada a cabo por el poder judicial sobre la cuestión de la publicación de documentos confidenciales del Vaticano pero "no es el resultado final" de las investigaciones y reflexiones sobre el caso y el contexto en que se desarrolla.

Así, ha precisado que se refiere a un delito específico y a dos personas: "un responsable directo y otro indirecto" y no a un conjunto de eventos y relaciones más complejas sobre los que el Poder Judicial y una comisión de cardenales han estado investigando con competencias específicas y diferentes.

Sin embargo, ha apuntado que la publicación de la sentencia y la requisitoria que la precedió "no debe ser subestimada" ya que suponen "un paso concreto, dado con instrumentos jurídicos específicos y métodos para abordar el problema con rigor y transparencia, sin atajos".