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En el tercer período republicano

Victor in vínculis

31 mayo 2012

Josep Gassiot Magret en su obra “Apuntes para el estudio de la persecución religiosa en España” explica ahora el “tercer período republicano”.
Según el autorizado Dictamen emitido por una Comisión nombrada por el Ministerio de la Gobernación, el Parlamento de 1936 fue inconstitucional y faccioso; no es necesario reseñar aquí los actos realizados por el Frente Popular, que en realidad constituyen la prueba de tal apreciación.


Pero en cierta ocasión, dijo José Antonio Primo de Rivera: “Ni la Dictadura, ni la República, ni ningún hecho revolucionario se justifican ni se han justificado nunca con arreglo al orden jurídico anterior”.
Por consiguiente, el triunfo revolucionario conseguido por el Frente Popular, con todos sus vicios de origen, habría podido crear una legitimidad. En la Monarquía electiva visigótica, regía el principio: “Rex eris si recte facis”. Y en la República democrática podía ser admitido como legítimo el Gobierno que obrare legítimamente o rectamente.
El Parlamento quedaba constituido por 265 diputados de izquierda, 54 centristas y 133 de las derechas. Podían encauzar las aspiraciones obreras y traducirlas en leyes o fórmulas jurídicas, si realmente hubiesen sido las aspiraciones obreras las determinantes de los pasados hechos revolucionarios. Pero, se puede repasar toda la actuación parlamentaria desde el febrero de 1936 y no hay ni proyectos de Ley, ni fórmulas concretas de reformas sociales de carácter estable… Se habló mucho de revolución, de la dictadura del proletariado, de personalismos; pero todo era inspirado por el odio, el apasionamiento y el espíritu destructor y negativo; para una labor que resultó estéril e infecunda. Fue elevado a la presidencia de la República don Manuel Azaña, quien durante muchos años había estado al frente del Registro General de Actos de Última Voluntad, y como quiera que el régimen de su alta dirección nada nos legó que se pueda ahora estudiar como programa de reformas sociales, Azaña habría podido certificar que la Segunda República falleció intestada.
Durante el período del 16 de febrero al 18 de julio de 1936 hubo nada menos que 113 huelgas generales y 218 huelgas parciales; demostración palmaria de que los obreros no estaban satisfechos o que no existía una actuación gubernativa para armonizar las aspiraciones e intereses dentro de la economía general.
Don Ángel Ossorio Gallardo, en un artículo publicado en “La Vanguardia”, reproducido en “El Pueblo Vasco” del 23 de junio de 1936, decía:
“¿Qué viento de locura ataca a los hombres en cuanto se posesionan del Poder? ¿Será verdad que, como decía Tirso de Molina, no hay hombre cuerdo a caballo? Lo digo porque estamos presenciando cosas que sólo en la patología mental pueden hallar explicación. A estas horas -hablemos claro, aunque nos duela- ni el Gobierno, ni el Parlamento, ni el Frente Popular significan en España nada. No mandan ellos. Mandan los inspiradores de las inconcebibles; los asesinos a sueldo y los que pagan el sueldo a los asesinos; los mozallones que saquean los automóviles en las carreteras; los que tienen la pistola como razonamiento… ¿Hay alguien contento, o siquiera conforme, con tal estado de cosas? Nadie. Ninguno sabe lo que va a pasar aquí, ni presume quién sacará el fruto de la anárquica siembra”.
 
            El señor Irujo, que fue Ministro con el Gobierno de Negrín, también testimonio irrecusable, publicó en “El Día”, el 31 de marzo de 1936, un escrito en el que decía:
Sin novedad en el frente. Ésta es la contestación del Ministro de la Gobernación cuando habla del orden público. Recuerda la conocida obra. Que en Madrid, Extremadura, Andalucía, Levante, se queman iglesias, conventos, fábricas, almacenes, casinos, casas particulares. Archivos del Juzgado, del Registro; que se hace salir desnudas las religiosas y se las somete al trato que no se da a las mujeres profesionales; que después de deshonrar a las hijas y a las esposas son paseadas en pica las cabezas de sus maridos y padres por oponerse al regocijo; que las gentes arriendan hoteles de invierno en los pueblos del Bidasoa, en la costa guipuzcoana y en las montañas laburdinas huyendo de la alegría de sus tierras; que se asaltan y ocupan fincas por alcaldes, asociaciones o bandas de pistoleros; que se asesina a la Guardia Civil, haciendo picadillo de sus restos exánimes… No hay novedad en el frente. ¿Pero puede vivirse así? ¿Esto es tolerable? El estampido se masca. Lo exige el ambiente. Y no tardando”.
 
A todo esto hay que añadir que los revolucionarios no se mostraban satisfechos con el triunfo del Frente Popular.
El 27 de febrero de 1936 el Komitern de Moscú decretaba la inmediata ejecución de un plan revolucionario español y su financiamiento, mediante la inversión de sumas fabulosas.
El periódico “Claridad” decía: “El partido Socialista se aparta definitivamente de la quimera socialista y declara que tiene por aspiración la conquista del Poder Político para la clase trabajadora y por cualesquiera medios que sean posibles”.
Coincidían en reunirse, el 21 de abril de 1936, los dirigentes masónicos en París y la Agrupación socialista en Madrid, para preparar la revolución. Bela Kun hacía sus gestiones en Barcelona y era pactada la Unión Sindical, o sea una liga entre la U.G.T. y la C.N.T., que habían sido rivales. La C.N.T. celebró en Zaragoza un Congreso Nacional y en sus conclusiones proclamaba la inutilidad de las iglesias y negaba todo derecho o cualquier forma de culto externo.


Consejo de Ministros del 12 de mayo de 1936, el último presidido por Manuel Azaña al ser nombrado jefe del Estado. Sentados, de izquierda a derecha: José Giral, Carlos Masquelet, Augusto Barcia, Azaña, Antonio de Lara, Gabriel Franco, Santiago Casares y Marcelino Domingo. De pie, de izquierda a derecha: Manuel Blasco, Enrique Ramos, Mariano Ruiz Funes y Plácido Álvarez. Foto: Efe
 
El 16 de mayo de 1936, representantes autorizados de la U.R.S.S. se reunían en Valencia, en la Casa del Pueblo con representantes también autorizados de la III Internacional, y adoptaban el acuerdo siguiente: “Encargar a uno de los sectores de Madrid, designado con el número 25, de eliminar a las personalidades militares o políticas destinadas a jugar un papel interesante en la contrarrevolución”.
Y el Gobierno no parecía que intentase oponerse a tales anuncios criminales, más bien se hacía sospechoso de apoyarlos y consentirlos; puesto que, el 19 de mayo de 1936, el Presidente del Consejo de Ministros, señor Casares Quiroga, pronunciaba en el Parlamento un furioso discurso, con frases como éstas: “La República se hará temer… A nosotros no nos asusta ninguna audacia… Se ha acabado de tener contemplaciones… Aplastaremos al enemigo e iremos a buscarle… Cabalgaremos al galope para pasar por encima… Cuando se trata del yo no he de quedar al margen de esa lucha y os digo que, contra el fascismo el Gobiernos es un beligerante más”.
Si el Gobierno hubiese querido consolidar o estabilizar el régimen republicano, habría sido indicada la aplicación de la Ley de Orden Público del 27 de julio de 1933 con la declaración del estado de guerra. No intentó esta medida, que era absolutamente necesaria por el estado de anarquía; seguro que con ella habría conseguido una fructuosa colaboración de los elementos militares. Quizá no lo hizo porque Azaña, Presidente de la República, era profundamente antimilitarista, como lo demostró con su actuación al frente del Ministerio de la Guerra en los principios de la República, con unas reformas que ponderó en su discurso del 2 de diciembre de 1931, diciendo que con ellas, “de 21.000 oficiales en las plantillas habían quedado 8.000; había 8 ó 10 Capitanías Generales y han quedado 4 ó 5 que permanecen en la carrera hasta que la categoría se extinga; había 50 y tantos Generales de División y han quedado 21; había 100 y pico Generales de Brigada y han quedado 40 y tantos”; y en esta proporción se ha hecha la reducción cruel de las unidades y plantillas del Ejército.
No obstante esta trituración, el Ejército se venía mostrando sumiso al régimen y dispuesto a la colaboración gubernamental y a todos los sacrificios, como lo demostró en octubre de 1934. Pero no podía permanecer insensible a los sufrimientos de la Patria ni ver con indiferencia los manejos revolucionarios.
El 6 de junio de 1936 fue repartida a todas las células comunistas de España una orden General de Operaciones dictada desde Moscú, en la que se disponía la eliminación o asesinato de los generales.
Y el 23 de junio de 1936, el general Franco elevó una respetuosa exposición al Presidente del Gobierno y Ministro de Guerra, Casares Quiroga, dándole cuenta de toda la actuación revolucionaria y ofreciéndole la intervención del Ejército para dominarla,
El Gobierno no quiso esta ayuda y colaboración. El Gobierno dejó que se armaran y se prepararan los revolucionarios.
El señor Calvo Sotelo en la sesión de las Cortes del 16 de junio de 1936, presentó al Gobierno una estadística de la que resultaba que desde el 16 de febrero de 1936 habían sido asesinadas numerosas personas, incendiados 284 edificios y destruidas 171 iglesias. Un mes después, el señor Calvo Sotelo era asesinado el 13 de julio de 1936 por agentes del Gobierno y, al parecer, cumpliendo órdenes del mismo.
Las formas democráticas exigen una gran educación cívica del pueblo, para poder ser armonizados los intereses, coexistir las opiniones y sus partidarios y ser respetadas las decisiones de los elegidos como representantes. No podía subsistir una República sin una base de educación cívica y con grupos que tan sólo querían imponerse por la fuerza y la violencia. Y faltaba la autoridad al Gobierno que fomentaba o consentía los despojos, los asesinatos y desmanes de toda clase. Vino la Guerra Civil y cayó la República por ley fatal o inevitable.
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Comentarios

Jorge López
02/06/2012
En esta entrada.
Gassiot escribe Dictamen con mayúscula con lo cuál se debe referir a un documento que como tal habla de la incontitucionalidad del Gobierno, el cual desconozco. Le ofrezco de todas formas en esta entrada de google lo referido sobre el asunto:

Dictamen de la Comisión sobre ilegitimidad de poderes actuantes el 18 de julio de 1936
Gerardo Manuel López García
02/06/2012
INFORMACIÓN.
Me gustaríás más detalles sobre el documento de inconstitucionalidad del Gobierno del Frente Popular.
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Jorge López Teulón
Jorge López Teulón (Madrid 1970). Tras cursar los estudios eclesiásticos en el Seminario Mayor de San Ildefonso, recibe la ordenación sacerdotal, el 25 de junio 1995. Sus años de ministerio sacerdotal los ha desarrollado en la ciudad de Talavera de la Reina (Toledo). Delegado de Medios de Comunicación Social en la Vicaría de Talavera (1996-2005). Se le encargó durante un quinquenio (1998-2002) la retransmisión para el territorio nacional de la Misa dominical retransmitida por la Cadena COPE. Desde 1996 es el Capellán del Colegio Compañía de María de la Orden de Hijas de María Nuestra Señora en Talavera.

En el año 2002 fue nombrado Postulador de una Causa de más de 900 mártires de la persecución religiosa de 1936 a 1939, para la Provincia eclesiástica de Toledo y la diócesis de Ávila.

Ha creado la página www.persecucionreligiosa.es , primera página en lengua española dedicada exclusivamente a este tema.

También ha creado la página www.cardenaldonmarcelo.es

Jorge López Teulón, jorgelteulon@gmail.com, es autor, editor y responsable del Blog Victor in vínculis, alojado en el espacio web de www.religionenlibertad.com
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