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Una última pregunta quedó en el aire en el artículo anterior según el progreso que decía Rubalcaba: La pregunta es ésta: ¿Puede el Estado legalizar el aborto? La respuesta es rotunda: nunca. No todas las leyes son justas. La ley está en función del bien común. Y no olvidemos que el primer deber del Estado es procurar el bien común, y que la vida es el primer bien a tutelar. Y que por tanto, una ley contra la vida es una ley injusta porque el derecho a la vida es anterior a cualquier derecho del Estado.
No me explico cómo hay personas inteligentes que no sean capaces de reconocer que el Estado no es dueño de la vida de nadie. Porque es muy grave el paso que ha dado el Gobierno de España en cuanto a permitir legalmente que se suprima la vida de seres humanos, además, inocentes e indefensos. ¿Con qué derecho lo hace? El Estado no puede cruzarse de brazos ante cualquier crimen y, menos, dar a las madres el derecho de suprimir la vida de un hijo. Porque eso es lo que han hecho con esta última ley sobre el aborto.
¿Con qué cara pueden hablar de los crímenes contra la humanidad quienes autorizan y aprueban una matanza indiscriminada de seres humanos inocentes e indefensos?
Los partidarios del aborto suelen poner como ejemplo el caso de una violación y se preguntan que cuando una mujer ha sido violada, o cuando está gravemente enferma y puede correr peligro su vida si continúa con su embarazo ¿cómo se le puede prohibir echar fuera de su seno el fruto de la violación? Es distinto, dicen, del caso de una mujer que tiene relaciones sexuales por placer y queda embarazada. Cierto que no es el mismo caso. Pero ¿Por qué no se piensa en el hijo que lleva dentro y sólo se piensa en la madre? Habría que pensar también en el hijo ¿no? ¿Se le puede matar? Nunca.
Hay que reconocer que a veces se dan casos muy dolorosos y difíciles, pero también hay que reconocer que se trata de la supresión de una vida humana inocente e indefensa. Ni la madre puede abortar, ni el Estado, permitir que aborte. Sencillamente, porque se trata de un crimen (El Diccionario de la Real Academia define el crimen como "Acción voluntaria de matar o herir gravemente a una persona"). Y ¿cómo puede el Estado conceder a nadie el derecho de matar impunemente, tratándose de un derecho que el Estado tampoco tiene?
No olvidemos que es deber del Estado juzgar a todos los criminales. No puede dar carta blanca a nadie para matar. Si lo hace, es el propio estado quien se sitúa fuera de la ley; y debería ser el acusado.
Esto no equivale a decir que las que abortan deban ir a la cárcel. No digo eso. Pero también digo que esos crímenes no pueden quedar impunes. ¿Qué pasaría si, en vez de la cárcel, las mandasen a colaborar en el cuidado de los niños en cualquier guardería o en cualquier sitio donde hubiesen niños acogidos?
Es cierto que en el caso del aborto, como en cualquier otro crimen, puede haber causas agravantes o atenuantes; deberían ser los jueces quienes juzgasen de la mayor o menor culpabilidad de quienes han cometido el crimen del aborto. Pero ¿a quién se le ocurre que se conceda el derecho de asesinar a un hijo a cualquiera, incluso a menores y, además, sin ningún motivo y, además, que se les conceda ese derecho a quienes no han llegado a la mayoría de edad sin ni siquiera la autorización de sus padres?
Sé que es duro lo que estoy diciendo y que algunos proabortistas me tratarán de no sé qué, pero ruego que se pregunten si es verdad o no, lo que estoy diciendo. Porque el problema no está en si la madre tiene o no dificultades, o si en las naciones de nuestro entorno está legalizado el aborto; pero por muy legalizado que esté, pregunto: ¿es un asesinato o no? Ésta es la cuestión. Y si lo es ¿puede el Estado dar carta blanca para que se realicen estos crímenes? Porque es que es un crimen "abominable" como lo califica el Concilio.
Repito que debería ser el Estado quien se sentase en el banquillo de los acusados porque el derecho a la vida debiera ser el primer valor a defender y tutelar por el Estado. Ya sé que algunos dirán que lo que estoy diciendo es una barbaridad, pero no podemos olvidar que el derecho a la vida es antes que el Estado.
Y si esto es así, como sin duda lo es ¿qué pintan en nuestra legislación los tres supuestos que permiten el aborto? Hay que decir por activa y por pasiva, que los supuestos para abortar deben ser eliminados de nuestra legislación, gobierne quien gobierne. No olvidemos la definición clásica de la ley: Una ordenación racional en función del bien común, promulgada por la autoridad legítima. En la definición clásica latina: Ordinatio rationis ad bonum commune, ab eo qui communitatis curam habet promulgata.
José Gea
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