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El próximo 20 de noviembre estamos todos convocados a las urnas. Los obispos, a través de la Comisión Permanente de nuestra Conferencia, ofrecemos a los católicos y a cuantos deseen escucharnos algunas consideraciones que ayuden al ejercicio responsable del deber de votar.
Mi escrito de esta semana se apoya fundamentalmente en el de la Comisión Permanente. Es nuestra obligación de pastores de la Iglesia orientar el discernimiento moral para la justa toma de decisiones que afectan a la realización de bien común y al reconocimiento y a la tutela de los derechos fundamentales, como es el caso de las elecciones generales.
Hace un mes el Papa, en el Parlamento Federal de Alemania, recordaba que “el cristianismo nunca ha impuesto al Estado y a la sociedad un derecho revelado, un ordenamiento jurídico derivado de una revelación. Se ha referido, en cambio, a la naturaleza y a la razón como verdaderas fuentes de derecho […], la razón abierta al lenguaje del ser”.
Nosotros hacemos nuestras consideraciones desde ese horizonte de los fundamentos prepolíticos del derecho, sin entrar en opciones de partido y sin pretender imponer a nadie ningún programa político.
Cada uno ha de sopesar en conciencia a quién debe votar, para obtener , en conjunto, el mayor bien posible en este momento.
No se podría hablar de decisiones políticas morales o inmorales, justas o injustas, si el criterio exclusivo y determinante para su calificación fuera es del éxito electoral o el del beneficio material. Esto supondría la subordinación del derecho al poder. No es cierto que las disposiciones legales sean siempre morales y justas por el mero hecho de que emanen de organismos políticamente correctos. En este punto, quiero añadir cómo ya se va introduciendo peligrosamente, en el lenguaje y valoración moral de algún hecho, la razón de que “es políticamente correcto”.
El Papa señaló en agosto en Madrid que la recta razón reconoce que hemos sido creados libres y para la libertad, pero que no actúan conforme con la verdadera libertad quienes “creyéndose dioses, piensan no tener necesidad de más raíces y cimientos que ellos mismos; desearían decidir por sí solos lo que es verdad o no, lo que es bueno o malo, lo justo o lo injusto; decidir quién es digno de vivir o puede ser sacrificado en aras de otras preferencias; dar a cada instante un paso al azar, sin rumbo fijo, dejándose llevar por el impulso de cada momento”.
Por todo ello, hemos llamar de nuevo la atención sobre el peligro que suponen determinadas opciones legislativas que no tutelan adecuadamente el derecho fundamental a la vida de cada ser humano, desde su concepción hasta su muerte natural, o que incluso llegan a tratar como un derecho lo que en realidad constituye un atentado contra el derecho a la vida.
Son también peligrosos y nocivos para el bien común ordenamientos legales que no reconocen al matrimonio en su ser propio y específico, en cuanto unión firme de un varón y una mujer ordenada al bien de los esposos y de los hijos. Es necesario promover nuevas leyes que reconozcan y tutelen mejor el derecho de todos a la vida, así como el derecho de los españoles a ser tratados por la ley específicamente como “esposo” y “esposa”, en un matrimonio estable, que no quede a disposición de la voluntad de las parte ni, menos aún, de una sola de las partes.
La grave crisis económica actual reclama políticas sociales y económicas responsables y promotoras de la dignidad de las personas, propicien el trabajo para todos. Pensamos en tantas familias, carentes de los medios necesarios para subvenir a sus necesidades más básicas. Pensamos también en el altísimo porcentaje de jóvenes que nunca han podido trabajar o que han perdido el trabajo y que, con razón, demandan condiciones más favorables para el presente y el futuro.
El ordenamiento jurídico debe facilitar el ejercicio efectivo del derecho que asiste a niños y jóvenes a ser educados de modo que puedan desarrollar lo más posible todas sus capacidades. Debe evitar imposiciones ideológicas del Estado que lesionen el derecho de los padres a elegir la educación filosófica, moral y religiosa que deseen para sus hijos.
En cambio, ha de ser facilitada la justa iniciativa social en este campo. La presencia de la enseñanza de la religión y moral católica en la escuela estatal –como asignatura fundamental opcional- es un modo de asegurar los derechos de la sociedad y de los padres, que exige hoy una regulación más ademada para que esos derechos sean efectivamente tutelados.
Una sociedad que quiera ser libre y justa no puede reconocer explícita ni implícitamente a una organización terrorista como representante político de ningún sector de la población, dado que el terrorismo es una práctica intrínsicamente perversa, del todo incompatible con una visión justa y razonable de la vida.
Ante los desafíos que se presentan ante la comunidad internacional, son necesarias políticas guiadas por la búsqueda sincera de la paz, basadas en el respeto del derecho, nacional e internacional, así como la promoción del entendimiento y de la solidaridad entre los pueblos y la culturas.
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