En esta España de pandereta y autonomías que vivimos hoy, no hay nada como decir algo medianamente sensato para que todo el mundo se eche encima de uno y hasta pida su cabeza envuelta en paños de alcanfor.

 

            Las recientes declaraciones de Durán Lleida en las que simplemente afirmaba que “no tiene sentido que nuestros campesinos no recojan la fruta porque el precio que se les paga no es justo, mientras que en otras partes de España, determinado tipo de campesino puede quedarse en el bar de la plaza y continúa cobrando” comentadas ya en esta columna, han llamado a rebato a la totalidad de la clase política, y a todos los medios casi sin excepción. Si llamativo resulta ver entre los indignados medios de prensa a los que nunca habría esperado uno ver movilizados en la defensa del otrora llamado PER, no menos llamativo resulta ver implicado en la misma defensa a un partido que, como el Partido Popular, incluso intentó un día -y con toda probabilidad volverá a intentar- poner coto a la ineficiencia y el abuso que representa un plan tan nefasto que permite a 150.000 personas vivir de una manera permanente y definitiva trabajando un mes y cobrando siete (y eso cuando la frecuente corrupción del sistema permite no trabajar ni uno).

 

            Por parte andaluza, el diario ABC informa de que “los tres partidos políticos -PSOE, PP e IU- con representación en el Parlamento de Andalucía se han unido hoy para censurar la actitud del candidato de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, por sus críticas contra los jornaleros andaluces y extremeños”. Por parte extremeña, el Parlamento de esta región, según informa EFE, “ha reprobado por unanimidad las palabras del candidato de CiU a las elecciones generales, Josep Antoni Duran Lleida, en las que criticaba a los perceptores del PER en Extremadura y en Andalucía”.

 

            Como en su día ya tuve ocasión de pronunciarme sobre el fondo de las declaraciones en cuestión, (vea aquí si quiere “Otra vez que el nacionalismo catalán tiene razón”), lo que quiero hacer hoy es un ejercicio diferente, proponiendo a los miembros de los parlamentos andaluz y extremeño tres preguntas:

 

            1º.- ¿Dónde estaban Vds. cuando en el Parlamento catalán se aprobó la ley que impide a los ciudadanos de Cataluña, enviar a sus hijos a estudiar en español?

 

            2º.- ¿Dónde estaban Vds. cuando en el Parlamento catalán se aprobó la ley que permitía multar a los ciudadanos de Cataluña dedicados al comercio por rotular sus comercios en español?

 

            3º.- ¿Dónde estaban Vds. cuando en el Presidente de la Generalitat de Cataluña participaba en un referéndum ilegal e inconstitucional convocado en Barcelona cuya finalidad era proclamar que Cataluña no formaba parte de España?

 

            Y la respuesta es que “en ninguna parte”: los parlamentos extremeño y andaluz, tan ultrasensibilizados hoy ante las palabras de Durán, no estaban en ningún sitio cuando ocurrían los verdaderos atentados contra la libertad de los que hablamos arriba. ¿Y por qué? Pues bien, porque la indignación de los parlamentos andaluz y extremeño no se formula ahora, faltaría más, “en cuanto españoles”, sino “en cuanto extremeño” uno, y “en cuanto andaluz” el otro, ámbitos desde los que, según entienden y exteriorizan cuando actúan como lo hacen, sí están legitimados para actuar, pero no “como españoles”. De parecida manera a como cuando el Sr. Mas habló de los niños españoles a los que no se entiende cuando hablan español, y lo ejemplificó en gallegos y andaluces, reaccionaron al unísono el Sr. Griñán, legitimado para ello por su condición de Presidente de Andalucía, y el Sr. Blanco, el cual, aunque “miembro de la Administración central” que no le legitimaba en modo alguno para contestar, se cuidó muy mucho en recalcar que lo hacía “en su condición de gallego”, y no en cualquier otra que pudiera coincidir en su persona.

 

            Una circunstancia, ésta de la regionalidad legitimante, que sí capacita para estructurar una respuesta a declaraciones como las del Sr. Durán hoy o las del Sr. Mas ayer, por cuanto que dichas declaraciones suponen, por parte de los políticos catalanes en cuestión, una especie de “injerencia en los asuntos internos de un estado extranjero”, en este caso, el andaluz y el extremeño. Pero que no opera de igual manera cuando los agravios perpetrados desde el Gobierno catalán, aunque sigan dirigiéndose contra extremeños y andaluces –al fin y al cabo, muchos de los que en Cataluña quieren que sus hijos se eduquen en español, y muchos de los que rotulan sus negocios en español, son, ellos mismos o sus padres, andaluces o extremeños-, se realizan “en territorio de soberanía catalana”, caso en el que elevar una protesta desde las instituciones andaluzas o extremeñas, habría supuesto, “una verdadera injerencia en los asuntos internos de un estado extranjero”, ahora el catalán, en el que los escrupulosos y respetuosos parlamentos extremeño y andaluz jamás osarán incurrir.

 

            Dicho todo lo cual, la queja sobre las medidas adoptadas por el Parlamento catalán contra derechos comunes a todos los españoles a las que aludimos arriba correspondería haberla realizado al Parlamento español, ¿no es lo lógico?, aunque sólo fuera “de parlamento a parlamento”, esto es, de igual a igual en definitiva, faltaría más. Pero la cuestión es que a efectos legitimantes, el estado español hace tiempo que no actúa ya “ni de igual a igual” frente a las instituciones regionales, porque el estado español, al día de hoy, es incluso “inferior a las regiones”, convertidas de facto, (que no de iuris, el artículo 1.2 de la Constitución española⁽¹⁾ sigue, en teoría, vigente) en verdaderas depositarias de la soberanía nacional⁽²⁾, mientras que la otrora nación española no pasa de ser un mero concepto residual e instrumental, sin soberanía, sin entidad, sin historia, sin alma ni sentimientos… “Lo que es”, (las regiones en definitiva), frente a “donde se está” (el estado autonómico surpirenaico, otrora conocido como España). Y desde luego, “mientras interese”. Ni un minuto más.

 

            A esto hemos llegado en esta España de pandereta y autonomías. Y todo esto es lo que las simples declaraciones institucionales de ayer implican si se las analiza en detalle. Complejo de entender, ya lo sé. Alguno dirá que rebuscado o disparatado. Piensen Vds. un poco, y verán que, efectivamente, desde “lo español” nos hemos quedado sin autoridad frente a “lo catalán”, “lo vasco”, “lo andaluz”... y sólo desde estas instancias regionales, se legitiman mutuamente para responderse las unas a las otras.

 

 

 

            ^©L.A.