Según Naciones Unidas, y probablemente relacionado con su pasado comunista (esto lo digo yo, no Naciones Unidas), Rusia es el país del mundo que tiene un índice de abortos más elevado del mundo: 53 abortos por cada mil mujeres entre los quince y los cuarenta y cuatro años de edad.

 

            En Rusia, según los índices que manejan las propias autoridades rusas, se realiza 1,022 abortos por cada nacimiento, es decir, se producen más abortos que nacimientos, efecto que es el que producen las leyes de aborto y no, como gustan de decir en el lobby, las leyes que lo penalizan. En resumidas cuentas, entre un millón seiscientos y un millón setecientos mil abortos al año. Unos índices que sin duda alguna, son los grandes responsables del grave descenso que la población de la otrora gran potencia caucásica ha sufrido desde los 148,5 millones de personas en 1995 hasta los 143 millones que tiene hoy día.

 

            Como es fácil de entender, la cuestión resulta preocupante, y sobre todo a los propios rusos. Así que en un discurso celebrado la pasada semana en lo que parece presentarse como el arranque de su campaña hacia la presidencia de Rusia en las elecciones que se han de celebrar el próximo mes de diciembre, el Primer Ministro ruso, Vladimir Putin ha enfatizado sobre el hecho de que es necesario tomar medidas para poner fin a la sangría demográfica rusa, desvelando que su Gobierno va a destinar a ello la nada despreciable cantidad de unos cuarenta mil millones de euros al cambio.

 

            A ello ha seguido inmediatamente la aprobación por la Duma rusa de un paquete de leyes que pretenden ralentizar los graves índices de abortos producidos en Rusia, una iniciativa que según Yelena Mizulina, Presidenta de la Comisión de la familia, mujer y niños de la Duma “pretende crear las condiciones idóneas para que la mujer opte por dar a luz”.

 

            Entre las medidas recogidas en las muevas leyes, son las más destacables una serie de limitaciones para publicitar nada que tenga que ver con el aborto; la autorización de la objeción de conciencia a los médicos; la obligatoriedad de que éstos informen de que el aborto puede causar infertilidad, muerte o afectar negativamente a la salud física o mental de la mujer; y, sobre todo, una serie de medidas para extraer el aborto como servicio médico dispensado por el Plan Nacional de Salud.